Las Provincias

Fiscalía investigará al gobierno de Tavernes por si prevaricó al negar la licencia a una gasolinera

El alcalde de Tavernes se ha reunido varias veces con los vecinos que se oponen a la gasolinera. :: lp
El alcalde de Tavernes se ha reunido varias veces con los vecinos que se oponen a la gasolinera. :: lp
  • La empresa que impulsa el negocio afirma que el ministerio ha admitido su denuncia y el alcalde Jordi Juan dice que no ha sido notificado

Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia que la empresa interesada en montar una gasolinera en Tavernes de la Valldigna interpuso contra el alcalde la Vall, Jordi Juan, de Compromís, por un supuesto caso de prevaricación. Así lo aseguran los promotores del negocio, que no han podido abrir el local, pese a contar con algunos permisos.

El organismo investigará el caso de esta estación de servicio. Solicitará la remisión de información del consistorio y deberá dilucidar si ve indicios sobre la posibilidad de que se haya cometido o no un delito de prevaricación por parte del alcalde. El primer dijo ayer sentirse «muy tranquilo» y aseguró que aún no ha recibido ninguna comunicación de este proceso, que en el peor de los casos podría conllevar una pena de inhabilitación en su cargo público y en el mejor se procedería al archivo de la denuncia.

La empresa interesada en instalar una estación de servicio en la Avinguda de Germanies de Tavernes, presentó a Fiscalía la denuncia el pasado 5 de agosto, pidiendo que actuara ante un posible delito de prevaricación fijado en el artículo 404 del Código Penal.

La mercantil considera que el alcalde podría haber actuado en contra a la ley tras lo que considera un cambio de parecer en el ejecutivo vallero ante la posibilidad que se ubicará este surtidor. Según la empresa, desde el gobierno local, el responsable de Urbanismo de la pasada legislatura, Perfecto Benavent, se reunió con los empresarios y dio el visto bueno a esta iniciativa.

Proyecto de negocio

La empresa comenzó a trabajar en el proyecto y obtuvo del consistorio la compatibilidad urbanística y la licencia ambiental de la gasolinera. Cuando el proyecto salió a la luz meses después, un sector de vecinos comenzó a recoger firmas mostrándose en contra de la instalación del surtidor.

La presión social sobre el ejecutivo aumentó y Juan llegó a reunirse con los vecinos afectados para tratar el tema. En esa reunión, celebrada el 4 de diciembre de 2015, el propio alcalde reconoció que no se podía hacer nada porque «la instalación de una estación de hidrocarburos venía regulada por una ley estatal», pero se comprometía a intentar buscar una forma de frenar esta infraestructura.

Pocos días después, el gobierno local anunciaba que exigiría al departamento de carreteras de la Generalitat un informe sobre las posibles repercusiones de instalar una gasolinera en una travesía que soporta una gran densidad de vehículos. Generalitat efectuó el informe y desaconsejaba la ubicación de los surtidores en la Avinguda de Germanies por considerar que colapsarían el tráfico de la vía. Desde el consistorio se exigió a la gasolinera que aportase una autorización del área de carreteras de la Generalitat para poder otorgar la licencia de obras que es la única que falta para que la estación de servicios pueda comenzar a construirse.

Tras todo ese trámite, la empresa responsable de la gasolinera consideró que se habían perjudicado sus derechos y decidió denunciar a Fiscalía al alcalde vallero. Consideran que el informe de carreteras no es preceptivo y que no se ha exigido en ninguna instalación de la travesía de la Vall. La mercantil mantiene que el ejecutivo les concedió la licencia ambiental y la compatibilidad urbanística, pero retrasó la licencia de obras cuando vio la presión ciudadana, exigiendo unos requisitos que no los pide la legislación vigente. De ahí que el cambio de actitud del ejecutivo sea considerado como una posible prevaricación. Según la mercantil, la autorización del gobierno y la posterior condición de la licencia de obras al informe de carreteras es «una ilegalidad que les puede costar grandes daños, dado que poseen contratos en vigor fruto del visto bueno que en primera instancia les dio el ejecutivo de la Vall».

Reunión con el alcalde

Los empresarios afirman Juan no les ha recibido pese a que insistentemente han solicitado reunirse con el primer edil. El alcalde dijo ayer que no ha recibido «notificación oficial alguna de Fiscalía». El primer edil y diputado en Les Corts se mostró tranquilo, según dijo, «es normal que el fiscal pida información de este caso para hacerse su composición. Pero ni mucho menos estoy investigado, ya que eso deberá decidirlo un juez y no el fiscal. Simplemente se está siguiendo un mero trámite».

Juan mantiene que los empresarios tienen su derecho de denunciar pues «el Ayuntamiento no ha tenido ninguna actuación arbitraria, ni ha actuado de mala fe». El alcalde incide en que siempre ha estado del lado de los vecinos y que remitieron el expediente de la Dirección General de Carreteras «que es la propietaria de la vía y es quien emitió un informe». El alcalde considera que esta denuncia no tiene recorrido legal y se apoya en que todas las decisiones se han tomado en base a informes redactados por técnicos.

Juan destacó que la licencia ambiental estaba condicionada a la adecuación de accesos a la estación de servicios. Además, al ser diputado en Les Corts, Juan cuenta con la condición de aforado. Si el caso progresara tendría que ser el Tribunal Constitucional quien instruyera la causa.