Gandia abona 350.000 euros a Coco-Loco por los alquileres impagados en el último lustro

La empresa Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) y Becos S.L., gestora de Coco-Loco, alcanzaron en la mañana de ayer un acuerdo extrajudicial a través del cual IPG pagará un montante de 350.000 euros a la mercantil por los alquileres de las instalaciones de la discoteca de primera línea que no se han abonado en los últimos cinco años.

De esta manera se da carpetazo a un conflicto que se inició el pasado mes de abril cuando los propietarios del establecimiento interpusieron una demanda en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gandia porque el Ayuntamiento no le había pagado lo pactado.

En 2012, el entonces alcalde Arturo Torró anunció el cierre de Coco-Loco para evitar molestias a los vecinos. El PP prohibió la entrega de licencias para discotecas en el Paseo Marítimo y el local se trasladó a la carretera Nazaret-Oliva. En aquel momento se dijo que esta operación era «a coste cero», pero resultó no ser así.

A cambio, el consistorio abonaría a la empresa 10.000 euros mensuales en concepto de alquiler durante quince años con la intención de promover allí actividades y dinamizar el turismo. Sin embargo, en todo este tiempo, Becos no sólo no recibió ni un solo euro sino que el consistorio no dio ningún uso al establecimiento.

Además, el consistorio compró a los propietarios de la mercantil varios terrenos de la zona de equipamientos de la playa. Pese a que el Ayuntamiento se ahorra con este acuerdo alrededor de 300.000 euros, el hecho de que se tenga que realizar el pago supone un duro varapalo para unas arcas municipales que no se encuentran nada boyantes.

Esta cuantía supone la deuda acumulada hasta la fecha. El juicio oral estaba previsto para ayer en Gandia, pero este al final se suspendió debido al acuerdo transaccional entre las partes.

De esta manera, Becos recibe las llaves de la mano de IPG, entrando en posesión del inmueble arrendado, y el caso queda archivado. Ahora bien, Coco-Loco no podrá volver a ser una discoteca, pero sí podrá ejercer cualquier otra actividad.

El paso que va a dar ahora el ejecutivo de izquierdas es exigir la responsabilidad social a los anteriores gestores, es decir, reclamarles el importe de la operación «fallida», porque quiere averiguar por qué se firmó el contrato con el local de ocio y qué beneficios tuvo. El caso Coco-Loco se incorporará en el paquete de responsabilidades sociales que decidió hace unos meses crear el gobierno.

El coordinador general de Urbanismo y liquidador de IPG, Vicent Mascarell, informó ayer de todo ello en compañía del portavoz del gobierno, José Manuel Prieto.

En enero de este año, la empresa de Coco-Loco ya indicó que estaba dispuesta a retirar las demandas que interpuso contra el Ayuntamiento, y por las que reclamaba casi tres millones de euros, si se le permitía regresar a su emplazamiento original. Pero esta opción no la contempla el gobierno.

Por otro lado, Becos también demandó al ejecutivo en 2013 al considerar que la retirada de la licencia le había perjudicado y que su traslado le generaba pérdidas económicas. Por este motivo, la mercantil solicitaba ante los juzgados que Gandia le abonara 2,1 millones. Becos presentó una demanda por «lucro cesante y daño emergente».