Las Provincias

El bipartito indemniza a 4 empleados tras reconocer despido improcedente

Un joven pasea en bicicleta por la plaza Major de Gandia. :: lp
Un joven pasea en bicicleta por la plaza Major de Gandia. :: lp
  • El gobierno de Gandia abona 12.000 euros a los trabajadores y alerta de que habrá más sentencias por las «contrataciones irregulares» del PP

Nuevo golpe a las esquilmadas arcas municipales de Gandia. El gobierno (PSPV y Més Gandia) tiene que indemnizar a cuatro exempleados públicos tras reconocer que los despidió de forma improcedente. Los trabajadores formaban parte de Saforbici y fueron apartados de sus funciones por el ejecutivo local «de un día para otro», como explicó ayer el concejal del Partido Popular, Vicent Gregori.

Los empledos estaban al cargo del mantenimiento del servicio en la ciudad. Tras el despido, indicó Gregori, los trabajadores acudieron a los juzgados de Gandia, donde interpusieron una denuncia contra el gobierno local al considerar que no se habían respetado sus derechos.

Los operarios consideraban que el trato que habían recibido no fue justo y que incluso se podría tildar de «vejatorio». «Responsables del gobierno acudieron a las instalaciones de Saforbici, al finalizar una jornada laboral, y comunicaron a los empleados su ceses. Les dijeron: Mañana no vengáis», relató Gregori.

Esta forma de proceder, dijo el popular, está reportando muchos quebraderos de cabeza al gobierno de izquierdas, ya que está arrastrando muchos pleitos por despidos irregulares. Gregori explicó que la única salida que encontraron los empleados afectados fue ir a los juzgados.

Los trabajadores tramitaron una demanda contra el gobierno. Según el popular, el bipartito «tenía claro que iba a perder este caso» y acudió a los juzgados con la intención de no llegar a juicio y solventar el asunto en un acto de conciliciación.

Así fue. Letrados del consistorio acordaron con los demandantes no entrar en la sala, pero reconocieron que el «despido fue improcedente» y se comprometieron a asumir las indemnizaciones que los empleados no habían percibido: 12.000 euros.

Esta cantidad se reparte entre los cuatro trabajadores en diferentes cantidades, en función del tiempo que llevaran en el puesto o del cargo que ocuparan en Saforbici.

El reconocimiento por parte del gobierno de estos cuatro despidos improcedentes son un nuevo revés judicial para el bipartito, que ha tenido que enfrentarse a varios casos similares en lo que va de legislatura, agregó Gregori.

«Esta forma de actuar está trayendo muchos problemas a la ciudad, ya que, al final, son los vecinos de Gandia quienes tienen que hacer frente a estos pagos», apostilló. El popular lamentó que este gobierno haya subido los impuestos y que gestione «tan mal el dinero público».

En ese sentido, según Gregori, Gandia «lleva pagados unos 60.000 euros en indemnizaciones por despidos improcedentes en poco más de año y medio de gobierno del PSPV y Més Gandia». Hasta la fecha, precisó, se han tenido que dilucidar «entre seis y siete casos» de este tipo en los tribunales, algo que considera «una vergüenza».

De hecho, recordó que el pasado mes de febrero un juez «declaró nulo» el despido de una trabajadora municipal y obligó al ejecutivo a reincorporarla a su puesto. El popular criticó también la dejadez del gobierno, que en algunas ocasiones no se ha llegado ni a presentar en juicios relacionados con despidos.

El gobierno contestó en boca del coordinador de Urbanismo y liquidador de la empresa IPG, Vicent Mascarell. El socialista afirmó que esta sentencia «no será la última». «Cuando accedimos a IPG había más de cien empleados que habían accedido sin respetarse los mecanismos de publicidad y pública concurrencia. Costaban 300.000 euros al mes».

A todo esto agregó que el gobierno incluirá todos estos gastos, y los que surjan, en la «acción de responsabilidad civil que la mercantil interpondrá contra los antiguos gestores», concluyó.