Las Provincias

La Audiencia investiga a Enric Llorca por contratar de forma irregular a un afín al PSPV

  • El organismo reabre el caso contra el alcalde de Villalonga al sospechar que hay indicios de delito y una posible «infracción criminal»

gandia. El alcalde de Villalonga, Enric Llorca, vuelve a verse inmerso en asuntos judiciales. Ahora será la Audiencia Provincial quien investigue al primer edil por presunta prevaricación. El socialista despidió en la pasada legislatura a un operario municipal y ubicó en su puesto a una persona afín al PSPV. El empleado que perdió su trabajo llevó el caso a los tribunales

El demandante, A.S.C, desempeñaba funciones de encargado de la brigada local de obras, pero Llorca le destituyó en el mes de enero de 2013. El puesto se cubrió con rapidez. El gobierno local, del PSPV, designó para este puesto a una persona próxima del partido, J.S.S.F, que inició su trabajo el 1 de febrero de ese mismo año.

La relación entre Llorca y el nuevo empleado está más que probada, ya que fue el número diez de la candidatura socialista en 2011, como independiente. Ante estos hechos, el empleado que perdió su trabajo acudió a los tribunales para denunciar al alcalde al entender había actuado de forma negligente.

Legalización del empleo

De forma paralela, el gobierno socialista inició los trámites para legalizar la situación del nuevo jefe de la brigada de obras. El ejecutivo acordó en 2013 crear el puesto de jefe de la brigada de obras. Por todo ello, Llorca tuvo que declarar como investigado -antes imputado- hace tan sólo unos meses en el Juzgado Número 3 de Gandia.

La magistrada que llevó el caso en la Ciudad Ducal decidió archivarlo al no ver indicios de la supuesta prevaricación. Pero ahora las cosas han cambiado, ya que la Audiencia Provincial ha decidido reabrir el caso al sospechar que puede haber delito. La entidad judicial emitió un auto el 15 de septiembre en el que resolvía la reapertura.

Esto quiere decir que, con toda probabilidad, Llorca tendrá que rendir cuentas ante un juez por el despido de un trabajador para colocar a quien le acompañó en la lista.

De hecho el documento de la Audiencia Provincial detalla que consta «que existen contrataciones irregulares». La sala considera, tras estudiar el caso, que no se hizo «la convocatoria pública del puesto de trabajo conforme a las normas legales», cuando se intentó legalizar la situación del contratado afín al PSPV.

«Hechos prohibidos»

«A posteriori se hizo una convocatoria urgente, no justificada, sin aviso en el BOP; hechos prohibidos por las leyes», según el auto. Es más, entre otros argumentos, la Audiencia justifica la reapertura al entender que debe «seguir investigando, ya que existen claros indicios de infracción criminal», por lo que esta sala ha revocado «el sobreseimiento provisional» dictado en Gandia.

Este periódico intentó hablar ayer con Llorca para que explicara que piensa hacer ante la reapertura del caso pero no fue posible.