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Z. SANZ
Lunes, 18 de abril 2016, 23:28
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Una jueza de Gandia ha citado a declarar al alcalde de Villalonga, Enric Llorca, como investigado (antes, imputado) por un presunto delito de prevaricación administrativa. El encuentro del dirigente municipal con la magistrada del Juzgado número 3 está previsto para este mediodía en las dependencias judiciales de Gandia. La investigación se inicia por contratar supuestamente a dedo a un militante socialista, -concretamente al número diez de la lista-, como encargado de la brigada de obras tras despedir a A.S.C, el trabajador que estaba desempeñando estas funciones.
Los hechos ocurrieron en la pasada legislatura, en enero de 2013, y fue el anterior empleado quien interpuso la denuncia en los tribunales al considerar que se habían cometido irregularidades. Según dicha denuncia, el alcalde contrató al militante socialista J.S.F.S. obviando los procedimientos legales establecidos, sin proceso selectivo para la provisión de puestos de trabajo y sin convocatoria pública.
El 1 de febrero de 2013, este último comenzó a trabajar realizando funciones de jefe de brigada de obras. El gobierno de Villalonga, no obstante, empezó a legalizar su contratación tres meses después, a juicio de la parte denunciante, «como consecuencia de la denuncia y del malestar existente en el municipio».
El alcalde acordó proveer para 2013 una plaza de encargado de brigada municipal «dada la urgente necesidad por razones de servicio manifestadas por el concejal de Obras, al haber causado bajas los anteriores por distintos motivos». Se da la circunstancia de que sólo concurrió la misma persona que había entrado a dedo.
Las diligencias de investigación llevan abiertas más de un año y se ha requerido numerosa documentación al Ayuntamiento de Villalonga. De hecho, ya han comparecido ante la instructora para prestar declaración como testigos la secretaria del Consistorio y extrabajadores.
Enchufismo
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya declaró nulos diversos despidos efectuados por Llorca por apreciar enchufismo. En la legislatura pasada, según denunció en aquel momento la oposición, el alcalde, al mismo tiempo que procedía a realizar diversos despidos alegando la presunta situación económica crítica del Ayuntamiento, empleaba con cargo al erario público a otras personas de la candidatura socialista.
Cabe recordar que en enero de 2013, el TSJ obligó a readmitir a parte de los empleados despedidos y a pagarles salarios de tramitación y señaló que, en realidad, los despidos se habían producido al tiempo que el alcalde iba contratando a otras personas con ideología «afín al PSPV».
El TSJCV en la sentencia 52/2013 (sección 1ª Sala de lo Social), condenó al Ayuntamiento de Villalonga, y señaló: «Al evidenciarse que tras la toma de posesión de la nueva Corporación, regentada por el PSOE, de forma paulatina se ha ido despidiendo a distintos trabajadores de afinidad al PP, mientras que, [.] «de contrario se han ido prorrogando contratos temporales a personal del Ayuntamiento y producidas nuevas contrataciones con ideología afín al PSOE».
El alcalde, cuando salió esta sentencia, dijo estar perplejo ante este fallo judicial, ya que el único argumento que se había utilizado era decir que estas personas eran simpatizantes del Partido Popular.
Llorca recordó que la situación económica del Consistorio era muy delicada cuando llegó al gobierno y que se vio en la obligación de reducir el personal en más de 10 personas.
«No hay irregularidad»
La máxima autoridad de Villalonga manifestó ayer que no existe «ninguna irregularidad» en el proceso de contratación y que lo que el extrabajador pretendía era que lo nombrara a él como encargado de obras, «pero al no hacerlo, interpuso una denuncia contra mí por venganza».
Asimismo, Llorca remarcó que este mismo exempleado intentó denunciarle en otra ocasión también ante el Seprona por vertidos ilegales «cuando fue él quien ordenó dichos vertidos».
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