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El Ayuntamiento de Gandia está ejecutando un mirador con fondos de la Diputación en el solar de la calle Carmelites. :: chris lennol
Una sentencia obliga a Gandia a revertir el terreno del mirador del Serpis a sus dueños

Una sentencia obliga a Gandia a revertir el terreno del mirador del Serpis a sus dueños

El gobierno apela tras dar la juez la razón a tres propietarios porque han transcurrido dos años sin que haya habido actuación en el solar

ZOA SANZ

Martes, 9 de febrero 2016, 00:03

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El Ayuntamiento de Gandia deberá devolver a tres de sus antiguos propietarios una parcela de unos 300 metros, situada entre el colegio Carmelitas y el Mercado Municipal, después de que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Valencia haya estimado parcialmente la demanda que interpusieron en 2013.

El consistorio expropió hace unos veinte años la totalidad de los solares que suman 646 metros cuadrados de la calle Carmelites con el objetivo de ubicar dependencias municipales e incluso crear un mirador al río Serpis. Pero fue pasando el tiempo y la Administración Local no ejecutó ningún proyecto en este espacio ni lo destinó a los fines que tenía previsto, con lo cual nace el derecho del antiguo dueño a la reversión del suelo.

Esta circunstancia fue la que empujó a la mercantil Promociones y Construcciones Delta S.L., formada por los tres socios propietarios, a llevar el asunto a los tribunales. El resto de dueños no se adhirió a la demanda. El auto, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, declara «el derecho de los actores a que, transcurrido el plazo de dos años desde la solicitud del 6 de agosto de 2013 sin haber iniciado las obras, se revierta la propiedad que fue objeto de la expropiación».

El hallazgo de restos arqueológicos en agosto de 2007 ocasionó la ralentización de las actuaciones. Salió a luz el lienzo de muralla del siglo XIV que discurre paralela al río desde el puente de la avenida de Alicante hasta el Palau Ducal.

Desde el gobierno aseguraron ayer que ya han presentado un recurso de apelación, pero que su intención es llegar a algún acuerdo con los tres propietarios porque todavía persiste el objetivo de «unir el centro histórico con el río y generar en este lugar un gran balcón al Serpis». De hecho, según añadieron fuentes municipales, se ha destinado una partida de 90.000 euros con fondos de la Diputación a crear un mirador en este preciso lugar, cuyas obras comenzaron recientemente.

Antecedentes

Fue el 15 de diciembre de 1994 cuando el pleno aprobó el inicio del expediente de expropiación forzosa que afectaba a las fincas de la calle Hermana Carmelita Rita número 4, 6, 8, 10 y 12. Un año antes, se declararon los edificios de los número 6, 8 y 10 en estado de ruina inminente y se ordenó su demolición.

En aquel entonces ya hubo polémica porque algunos afectados consideraron que se les había pagado muy poco por sus propiedades, «54.000 pesetas el metro cuadrado cuando en el mercado estaba a 300.000 pesetas», indicaron. Algunos elevaron la denuncia al Tribunal Supremo, pero este no les dio la razón.

En diciembre de 2012, el pleno acuerda una modificación a través de la cual resulta la parcela de suelo urbano, de 646 metros cuadrados, «destinada a uso de servicio público administrativo, compatible con los usos cultural, social y asistencial». El 6 de agosto de 2013, los tres propietarios solicitan por registro de entrada en el Ayuntamiento la reversión de las fincas registrales alegando inactividad del Consistorio. Sin embargo, la Junta de Gobierno Local inadmite esta petición.

A finales de octubre de 2013, el gobierno de Arturo Torró anunció que cedería el solar a una institución educativa para que habilitara un centro académico. En la Junta de Gobierno se llegó a dar luz verde al inicio del proceso para que el terreno fuera declarado de uso educativo, por lo que se prepararon todos los trámites para una concesión. En aquel entonces, el PP subrayó que lo lógico sería que optara a la misma el colegio Carmelitas, ya que tendría un solar anexo y podría ampliar sus instalaciones. Sin embargo, el proyecto no llegó a buen puerto y quedó paralizado.

En diciembre de 2013, los afectados interpusieron un contencioso administrativo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno que rechaza el derecho de reversión y en enero de 2014, el el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Valencia sí admitió a trámite dicho recurso.

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