El Tribunal de Cuentas lleva a la fiscalía «presuntas irregularidades» en personal en Algemesí

La alcaldesa recuerda que ya detuvieron el proceso, que han adjudicado el contrato y confía en que no haya más recorrido judicial

MANUEL GARCÍA ALGEMESÍ.

El Tribunal de Cuentas ha trasladado a la Fiscalía la comisión de «presuntas irregularidades en materia de personal» en el Ayuntamiento de Algemesí a raíz de la situación de unas empleadas.

Desde el PP local, formación que realizó este anunció, recordaron que a finales de 2017, denunciaron que el equipo de gobierno (PSPV y EU) había decidido no prorrogar el contrato con la empresa encargada de la limpieza de los colegios públicos, asumir el servicio y subrogar a las siete trabajadoras. Lo hizo con los informes negativos de los departamentos de Contratación, Personal, Intervención y Secretaría.

Siempre según el PP, los Servicios Jurídicos de la Delegación del Gobierno advirtieron a los pocos días de que se trataba de «un fraude de ley, ya que nos encontramos ante un acceso encubierto a la función pública», porque «en ningún momento se hace referencia a la superación de ninguna prueba ni proceso selectivo, sino que la asunción del personal se hace por reversión del servicio», decía el informe. Instaba al ayuntamiento a anular el acuerdo en un plazo de 30 días, pero no lo hicieron, por lo que la Delegación del Gobierno presentó un recurso contencioso administrativo.

El PP de Algemesí remitió el expediente al Tribunal de Cuentas de Madrid, puesto que las trabajadoras, a fecha de hoy y desde el 1 de noviembre de 2017, «están dadas de alta en la Seguridad Social a cargo del Ayuntamiento de Algemesí, algo completamente ilegal que pone en riesgo su seguridad jurídica y su estabilidad laboral».

El pasado 20 de marzo de 2018, el Tribunal de Cuentas remitió una célula de notificación donde, dadas las «presuntas irregularidades en materia de personal» daba la oportunidad al Ayuntamiento de Algemesí de presentar alegaciones. «La alcaldesa contestó, únicamente con su firma, unas alegaciones que no han convencido al Tribunal de Cuentas, puesto que el 12 de abril volvió a notificar que daba traslado al Ministerio Fiscal. Y es que la alcaldesa se limitó a decir que 'se han adoptado las medidas oportunas para solucionar el problema' y a alegar que ahora no se está pagando ni el IVA ni el beneficio industrial. De los informes desfavorables, nada de nada», afirmaron.

«Sacar nuevamente el pliego a licitación para dejarlo todo como estaba no exime de las presuntas irregularidades cometidas, por lo que, 'el problema' al que se refiere la alcaldesa, lo han generado ella y su equipo de gobierno, así que ahora toca asumir las responsabilidades que se deriven». Advirtieron de que exigirán que todos los costes que se deriven del proceso judicial «sean asumidos por aquellos que tomaron la decisión a sabiendas de las advertencias de los técnicos».

La alcaldesa Marta Trenzano recordó que ya revirtieron el procedimiento, que hace alrededor de una semana realizaron la nueva adjudicación del contrato y confía en que este conflicto judicial no vaya a tener mayor recorrido al haber atendido a las indicaciones de la Delegación del Gobierno: «Entendemos que esto se acaba aquí». Además, recordó que si se municipalizara el servicio, el coste sería menor para las arcas municipales y el salario de las trabajadoras sería mayor.

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