Sueca reconoce el pago de facturas de la Residencia Sant Josep sin contrato en vigor

El Ayuntamiento asegura que «está trabajando» para solucionarlo cuanto antes y EU alerta de una posible intervención del Estado

A. TALAVERA SUECA.

La contabilidad municipal vuelve a generar controversia en el Ayuntamiento de Sueca después de otros episodios con la Sindicatura de Comptes. En este caso, el Consistorio ha pagado facturas de la Residencia Sant Josep durante el pasado año sin que este servicio tenga el contrato en vigor como marca la ley.

Así lo ha reconocido la concejala de Acción Social y Contratación, Noelia Sisteró, tras la denuncia realizada por Esquerra Unida (EUPV) ante los informes desfavorables del Departamento de Intervención.

Y es que este área ha resaltado un paquete de facturas de la Residencia, centro de gestión municipal, por valor de 151.220 euros sin contrato en vigor adjudicado en el momento de emitirlas.

Destacan dos obligaciones contraídas de 46.449 y 44.158 euros correspondientes al «servicio de prestación de recursos humanos» de los pasados meses de octubre y noviembre respectivamente. Se trata de una bolsa de trabajo cuyas funciones fueron privatizadas al ponerla en manos de una empresa privada.

Y tres más de agosto, octubre y noviembre, de 13.900, 15.800 y 15.460 euros respectivamente, por el servicio de catering y la atención prestada en el Centro de Día de Menores de los dos últimos meses citados.

En este paquete de facturas sin contrato en vigor también figuran unos 10.000 euros por el «mantenimiento correctivo de la residencia» y lavandería, servicios gestionados por otra mercantil en los meses de septiembre, octubre y noviembre. El resto, hasta los 151.220 euros corresponden a servicios de animación, adquisición de productos de limpiezas y otros gastos de escasa consideración.

Ante estas facturas, la Intervención informa desfavorablemente sobre «el procedimiento seguido para la realización de estos gastos» aludiendo a la Ley Reguladora de Haciendas Locales que obliga a tener un contrata en vigor.

«No es el funcionamiento deseable y el asunto tiene prioridad absoluta para el Departamento de Contratación», señala la edil del área. Además, explica que esta situación se debe a que están esperando la aprobación de los nuevos presupuestos generales para «licitar cuanto antes ciertos servicios de la residencia para cumplir con la normativa vigente» en materia de contratación pública y que el consistorio «lleva trabajando tiempo para resolver esta situación».

En este sentido, Sisteró señala que ya está redactado el pliego de prescripciones técnicas y que están pendientes de la reserva de crédito para acabar con estas irregularidades.

«Atendiendo al carácter social y asistencial del servicio para personas dependientes, se ha decidido aprobar el pago de las facturas para que los usuarios no queden desatendidos», concluye la concejala de Acción Social.

Por su parte, Esquerra Unida considera muy grave esta situación ya que apuntan que podría «facilitar que el Ayuntamiento pueda ser intervenido por el Estado». Y añaden que esta gestión «irregular» es «consecuencia de que el pacto político local de Compromís con los conservadores del GISPM se muestra incapaz de corregir errores. Más allá de rectificar, parece que han incrementado las irregularidades heredadas de dos legislaturas».

Para la formación de izquierdas, según los datos que refleja el informe de Intervención sobre las facturas que no disponían del correspondiente contrato de acuerdo con las exigencias del sector público , «podemos calcular que el gasto sin contrato en vigor de 2017, según advierten desde el Departamento de Intervención, tiene que ascender a unos 800.000 euros».

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