Una sentencia anula el acuerdo de subrogación del personal de Alzira Ràdio y la piscina

Instalaciones de la piscina de Alzira. / lp

La Delegación del Gobierno califica de «varapalo» la resolución y el Ayuntamiento recurrirá y pide tranquilidad a los trabajadores

MANUEL GARCÍA ALZIRA.

Una sentencia del juzgado de la contencioso-administrativo número 5 de Valencia ha dado la razón a la Delegación del Gobierno en el conflicto que mantenían con el Ayuntamiento de Alzira. La entidad que dirige Juan Carlos Moragues había recurrido los acuerdos respecto a la subrogación del personal, tanto de la emisora municipal Alzira Ràdio, como de Instalaciones Deportivas Alzira SA, que gestiona la piscina, por considerar que no procedía por parte del Ayuntamiento incorporar como personal laboral al personal que formaba parte de una empresa, bajo la figura de sucesión de empresas y por entender que, con la incorporación de ese nuevo personal, se estaría produciendo un incremento de las retribuciones globales. Así, la absorción de ese personal «vulneraría la normativa presupuestaria».

La conversión del Ayuntamiento en empleador de los trabajadores era discutida en el recurso y también se ponía en duda la necesidad de que estos superaran algún proceso selectivo.

En el texto de la sentencia la empresa Idasa registró pérdidas en 2015 por valor de 253.213,20 euros frente a los 192.524,92 del ejercicio anterior, aumento producido por el incremento de los gastos de personal y de la disminución de los ingresos respecto a 2013. La sociedad se encontraba en situación de desequilibrio financiero desde 2010.

Por su parte, Alzira Ràdio SA tuvo un resultado negativo del ejercicio de 156.754,52, con las pérdidas del ejercicio anterior de 172.016,70 euros. La sociedad llevaba incurriendo en pérdidas desde 2008, lo que provocaba que en el balance de situación a 31 de diciembre de 2014 presentara una situación de desequilibrio patrimonial, con un patrimonio neto negativo de 10.867,10 euros y un capital circulante negativo. Tal situación, según el artículo 363 de la ley de sociedades de capital, suponía estar incursa en causa de disolución, «salvo que el capital social se aumentara redujera (sic) en forma suficiente».

Con base en todo ello, el acuerdo municipal de 27 de enero de 2016 acordó la disolución de la sociedad privada municipal Alzira Ràdio SA e Instalaciones Deportivas SA.

Para defender la postura municipal, el interventor emitió un informe en el que establecía que todos los gastos de personal incluidos en el presupuesto municipal del ejercicio 2016 contaban con crédito presupuestario. Y que las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento en el presupuesto de 2016 habían experimentado un incremento global del 1% respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en término de homogeneidad para los periodos 2016-2015.

Este aspecto de homogeneidad se apuntó como argumento desde el Consistorio «por cuanto ahora el Ayuntamiento presta un servicio de su competencia que anteriormente no prestaba, por lo que no existiría una situación homogénea a comparar, puesto que la realidad fáctica y jurídica (había) variado»

La sentencia señala, sin embargo que, «obviamente, ha existido un incremento prohibido del estado de gastos superior a lo previsto por la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016». Por tanto, «y sin necesidad de abordar el resto de los argumentos expuestos por la Delegación del Gobierno, procede la estimación del presente recurso, declarando la nulidad de los acuerdos recurridos por no ser los mismos conformes a derecho»

Ivan Martínez (EU), concejal de Empleo y Personal, quiso, en primer lugar, lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de ambos organismos porque la intención del Ayuntamiento es recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. De este modo, hasta que la resolución no sea firme no habrá que tomarse medida alguna. Martínez añadió que por parte del sindicato Comisiones Obreras también tienen previsto recurrir esta sentencia.

El edil afirmó que, si finalmente la justicia no les diera la razón, tratarán de buscar otra fórmula. Una de las opciones que estará sobre la mesa será la creación de una empresa pública, alternativa que, según señaló Martínez, ahora sí sería posible llevar a cabo.

Respecto al argumento de que se supera el 1% del capítulo I del presupuesto, el concejal insistió en que entra en juego el criterio de la «homogeneidad», por lo que si se absorben las empresas no se debería usar el mismo criterio anterior ya que el Ayuntamiento presta más servicios. Insistió en que ninguno de los dos servicios peligran y señaló, a modo de ejemplo, que desde que se aprobó este cambio por parte del pleno, la piscina cuenta con un 15% más de abonados. «La prioridad es mantener los servicios y los empleos», remarcó.

Además, criticó la labor de la Delegación del Gobierno, en manos del PP, por usar las instituciones judiciales que, a su juicio, «están politizadas», para llevara a cabo sus políticas. «Se trata de acciones que luego se quedan en nada», concluyó el concejal.

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