Ontinyent ingresará 270.000 euros por la venta de energía de las placas fotovoltaicas

Ontinyent ha sido uno de los municipios que ha apostado por las energías alternativas. / lp
Ontinyent ha sido uno de los municipios que ha apostado por las energías alternativas. / lp

Los tribunales dan la razón al Ayuntamiento frente al Ministerio de Industria y se pone fin a un litigio que se iniciaba en el año 2011

BELÉN GONZÁLEZ ONTINYENT.

Las sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia exonerando al Ayuntamiento de Ontinyent de tener que devolver el dinero que le reclamaba el Ministerio de Industria por incumplir el acuerdo sobre el uso de energía fotovoltaica, referida a la instalación de placas solares en cuatro colegios de la ciudad, supondrán para el municipio un impacto económico superior a los 600.000 euros, por lo que el consistorio ontinyentí ingresará este año 273.000 euros en concepto de venta de energía eléctrica, a lo que hay que sumar los 350.000 euros que, en principio debería devolver por las primas recibidas, en este caso tras la sentencia de la Audiencia Nacional.

Para el concejal de Hacienda, Joan Sanchis, «la victoria judicial demuestra que desde el Gobierno de Ontinyent nos propusimos defender los intereses de la ciudad ante la injusta decisión del Ministerio de Industria de no inscribirnos en el registro estatal, cuando el consistorio actuó de manera correcta».

Los litigios entre consistorio y Ministerio tienen su origen en 2011, cuando el Ayuntamiento instaló por un sistema de alquiler a 15 años una serie de placas solares fotovoltaicas en cuatro colegios públicos de la ciudad, concretamente el Carmelo Ripoll, el Bonavista, el Martínez Valls y el Rafael Juan Vidal. Cuatro años después, el Ministerio de Industria privó a estas instalaciones de recibir ayudas y advirtió que las placas de Ontinyent habían sido registradas por la Generalitat Valenciana, gobernada entonces por el Partido Popular, con retraso sobre la fecha límite, a pesar de que el Ayuntamiento las había presentado en tiempo y forma.

El concejal de Hacienda insistió en que el Consistorio actuó de manera correcta

El Gobierno de Ontinyent decidió llevar el caso a los tribunales, abriéndose dos procesos para cada una de las cuatro instalaciones solares, una relativa a la correcta inscripción en el pertinente registro estatal de centrales solares fotovoltaicas, con consecuencias sobre los ingresos por venta de energía, y otra sobre la obligación de devolver o no las primas recibidas por el consistorio durante el periodo que va desde 2011 a 2015.

El Tribunal Superior de Justicia daba la razón al Ayuntamiento en cuanto a la inscripción, pero en primera instancia determinaba que debía devolver las primas, algo que desde el consistorio ontinyentí consideraban injusto, llevando el aso ante la Audiencia Nacional, que finalmente también le ha dado la razón.

Es por ello, que el municipio ha recibido un buen regalo de Reyes y este año podrá ingresar 273.000 euros por la venta de energía de las centrales solares correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, y evita volver las referidas primas del periodo 2011-2015, que suponen aproximadamente 350.000 más. Además, el Ayuntamiento podrá seguir ingresando a los años posteriores en torno a 100.000 euros anuales por la venta de la energía excedente que produzcan las cuatro placas.

Cabe recordar que en su sentencia, el Tribunal anulaba la resolución de Industria entendiendo que el Ayuntamiento había llevado a cabo correctamente todas las actuaciones y había presentado la documentación requerida con un mes de antelación al cumplimiento del plazo en la administración autonómica, siendo, por tanto, la Generalitat, la única responsable de no haberla inscrito antes del día 21 de noviembre de 2011, fecha máxima establecida para hacerlo, realizando dicha inscripción el día 24, es decir tres días después.

Similar victoria

Precisamente, otro municipio, en este caso de la comarca de La Costera, concretamente La Font de la Figuera, también lograba una importante victoria en un caso también relacionado con el sector eléctrico, pero en esta ocasión contra Red Eléctrica España relacionado con el uso del dominio público.

El Tribunal Supremo daba la razón al Ayuntamiento de La Font de la Figuera de cobrar una tasa a esta empresa operadora del sistema eléctrico por utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.

La empresa interpuso en 2016 un recurso a dicha tasa aprobada en el pleno municipal en 2014 y el tribunal Superior de Justicia le daba la razón, anulando dicha tasa. Sin embargo, el Ayuntamiento decidió recurrir la sentencia ante el Supremo, quien finalmente le daba la razón en diciembre del pasado año, por lo que Red Eléctrica España deberá pagar por ocupar suelo municipal en zonas rústicas por sus tendidos aéreos y sus postes. Para las arcas municipales de este pequeño municipio también supone una renta anual estimada en unos 30.000 euros.

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