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A. TALAVERA
ALZIRA.
Sábado, 14 de octubre 2017, 01:04
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El Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia ha condenado a un año y dos meses de prisión y a 2.400 euros de multa al exalcalde de Alginet, Enrique Girona, y al exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Ramos, entre 2007 y 2010, por permitir el vertido de aguas fecales de la urbanización Los Lagos a un barranco.
Según la sentencia, durante años, los dos condenados por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente conocieron las deficiencias de saneamiento y alcantarillado de las viviendas y los consiguientes vertidos de aguas residuales contaminantes y no los resolvieron. Cometieron el delito «por omisión», subraya la jueza, que aprecia la atenuante de dilaciones indebidas porque la causa estuvo paralizada un año en el Juzgado de Instrucción.
Los vertidos de aguas fecales suponían, «por su naturaleza, por su magnitud y por su ubicación, un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas expuestas, por lo que era necesario construir una red de alcantarillado para su completa canalización y depuración, lo que los acusados no habían hecho hasta entonces ni hicieron después hasta la fecha de sus ceses», se señala en la sentencia que no es firme y contra la que cabe recurso de apelación.
La jueza también condena al Ayuntamiento de Alginet a indemnizar con más de 7.000 euros a una vecina, cuyo sótano se inundó con aguas procedentes de desechos orgánicos humanos en 2009.
En este caso, como acusaciones particulares, están tanto Sociedad Civil Urbanización Los Lagos como dos vecinos de ésta y otra particular, a la que se tendrá que indemnizar por la inundación de parte de su parcela a causa de los vertidos. Los vecinos solicitaron para los acusados penas de cuatro años de prisión y multa de veinte meses con una cuota diaria de doce euros, así como una indemnización de 50.000 euros, 15.000 euros para cada uno, respectivamente, que finalmente no se han contemplado en la resolución.
La sentencia recoge la situación que vive esta urbanización de Alginet desde hace más de 40 años. Y es que la empresa promotora realizó el saneamiento de esta zona en «deficientes condiciones», como apunta la jueza, colocando una tubería superficial por el lecho del barranco a la cual se conectaron posteriormente los desagües de los distintos chalés. Una tubería en mal estado, con fugas que provocaban encharcamientos en algunas zonas.
Debido al reiterado incumplimiento de la promotora de asumir con las obligaciones acordadas como la realización del alcantarillado o la corrección del saneamiento, el Ayuntamiento de Alginet se vio obligado a embargar la urbanización a esta empresa, por lo que asumía dichas obligaciones. Durante los años 2004 y 2005 se realizaron diferentes análisis en el barranco del Señor por los vertidos continuados de aguas sin depurar y se impuso una sanción al Ayuntamiento.
Durante todo este tiempo no se tomaron medidas por parte de los responsables municipales pese a las múltiples reclamaciones de los vecinos de Los Lagos. Así, desde 2007 a 2010, varias parcelas sufrieron vertidos de aguas fecales generadas por la urbanización que llevaron a que se iniciara este procedimiento tras ponerlo en conocimiento del Consistorio. Un hecho que ha llevado a condenar al exalcalde y al exconcejal de Urbanismo del Partido Popular que en estos momentos ya no se encuentran en activo en la política municipal.
El relato de hechos probados que se plasma en la sentencia es la situación que viven a diario desde hace décadas los propietarios de esta urbanización situada en la Ribera Alta. Durante todo este tiempo han reclamado que se actúe para solucionar los principales problemas como son la falta de alcantarillado y de un saneamiento en condiciones que provoca graves molestias. También el mal estado de las calles por la falta de urbanización en la zona ha generado que durante todo este tiempo se hayan llevado a cabo protestas para conseguir una solución.
Esta sentencia del juzgado de lo Penal no es la primera que aborda los problemas de Los Lagos. Los planes de urbanización que se han ido sucediendo durante estos años, sin llegar a ejecutarse, también han sido motivo de procedimientos judiciales como el que concluyó en 2013 en el Tribunal Supremo a raíz de un plan parcial presentado a principios del 2000.
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