Las Provincias

El PP de Turís pide un pleno para reducir el IBI y solicitar exenciones agrícolas

El grupo municipal Popular de Turís ha solicitado un pleno extraordinario con dos propuestas, la aprobación de la reducción del tipo de gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI) al 0,63% y la exención del IBI Rústica para el ejercicio de 2017.

La primera se requiere, por segunda vez consecutiva, ya que va «en función de la política económica de disminución de impuestos que ha venido aplicando el PP durante su mandato y quiere continuar», señalan desde el partido. Por este motivo, pretenden que se fije la reducción gradual del tipo de gravamen del IBI Urbana hasta llegar al 0,60%. Cabe recordar, que en la pasada legislatura 2011-2015, se redujo paulatinamente pasando del 0,72% al 0,65%, a pesar de comenzar la gestión gubernativa con «una situación financiera dramática, afrontando una deuda heredada de 7,3 millones de euros y reduciéndola en más de un 68% hasta llegar a los 2,7 millones de euros», recuerda la portavoz popular, Pilar Lozano.

Asignando la deducción estatal y aplicando el tipo de gravamen al 0,63%, se genera una disminución de ingresos para las arcas municipales de 200.854 euros, cantidad que puede verse compensada con el pasado procedimiento de regularización catastral realizado y por tanto con las nuevas altas que incrementan la base imponible, añaden desde el PP.

La segunda propuesta presentada es la exención del IBI Rústica para el ejercicio de 2017, se centra principalmente en los daños ocasionados por las granizadas caídas el pasado mes de septiembre en amplias zonas de las provincias de Valencia y Castellón. Las inclemencias climáticas hacen necesaria la puesta en marcha de medidas que ayuden a los agricultores afectados a superar una situación cada vez más crítica.

Por tanto se propone también, la aplicación del modulo cero en la próxima declaración del IRPF, así como, solicitar al Ministerio de Agricultura la puesta en marcha de un plan de créditos bonificados para los agricultores, la no reducción de subvenciones a la contratación de seguros por los mismos y reclamar a las Administraciones una moratoria de un año sobre el capital del préstamo y los intereses en los casos de todos aquellos agricultores que tengan planes de mejora o de primera instalación para jóvenes.