Las Provincias

Corbera aprueba una adjudicación urbanística con el alcalde ausente del salón de plenos

Imagen de archivo de una sesión del pleno de Corbera. El alcalde se ausentó en el punto urbanístico. :: lp
Imagen de archivo de una sesión del pleno de Corbera. El alcalde se ausentó en el punto urbanístico. :: lp
  • El primer edil salió del recinto tras la sentencia que consideraba que su participación en un pleno anterior invalidaba la aprobación del punto

La localidad de Corbera celebró el pleno extraordinario que era necesario para la nueva adjudicación de la unidad de ejecución número 4 (Zona 4). El motivo, como ya se había adelantado, residía en la sentencia del juzgado número 4 de lo contencioso administrativo que contemplaba que la actuación del alcalde de la localidad, Jordi Vicedo (Compromís) en el pasado pleno de mayo del año 2013, aunque no ostentaba la vara de mando, había sido irregular al votar un acuerdo plenario siendo propietario de terrenos en dicho PAI y constituía un «vicio invalidante».

En esta votación, ahora sí y después de que se diese a conocer la sentencia judicial, estuvo exenta la participación del alcalde, quien, además, abandonó la sala de plenos cuando se trató este punto.

Esto, según explicaron fuentes del PSPV municipal, suscitó críticas de la oposición, que lo consideró «una falta de consideración hacia la corporación municipal y los vecinos allí presentes». Y es que, la sentencia judicial implicaba la no votación del alcalde del municipio, pero no implicaba la ausencia de la sala de plenos. A pesar de todo, este hecho no alteró el resultado de la votación por la mayoría absoluta del partido gobernante, Bloc-Compromís, por lo que se aprobó la convalidación del acuerdo plenario del pasado 2013, con los votos en contra del PP y la abstención del PSPV.

Sin embargo, esta cuestión suscitó debate y críticas por parte de la oposición. En este sentido, el portavoz del PSPV, Josué Palomares, argumentó que «no se puede pedir un apoyo tras unas valoraciones tan contundentes por parte de un juzgado, habiendo de respetar el posicionamiento judicial». Además, el concejal socialista opinó que «hay que ser más transparente en un momento en el que los políticos estamos mirados con lupa».

Así, para el PSPV corberano, el alcalde no ha defendido los intereses del Ayuntamiento y afirman que «en todo caso ha defendido los suyos como propietario de una parcela en esta zona tal y como apunta la sentencia».

Cabe recordar, como ya publicó recientemente LAS PROVINCIAS, que, por parte del equipo de gobierno, se decidió no recurrir la sentencia perdida en primera instancia pese a considerar que podían tener motivos para hacerlo. Desde el gobierno municipal de Corbera, y en aras de la máxima transparencia, colgaron tres documentos en la web municipal sobre la cuestión.

Uno de ellos es un informe en el que, aunque se afirma que hay motivos suficientes para recurrir en apelación, «se considera, a efectos prácticos, acatar la sentencia habida cuenta de la no condena en costas y la posibilidad de convalidar los actos anulados mediante la subsanación del defecto que ha provocado su invalidación».

En el informe colgado en la web municipal se recuerda que la anulación está motivada por la no abstención del alcalde, lo cual, según la sentencia, constituye un vicio invalidante por incompatibilidad manifiesta. Este argumento es replicado en el informe y se afirma que las resoluciones impugnadas «no han sido dictadas por el alcalde, sino por el teniente de alcalde, en virtud de la delegación conferida por resolución de alcaldía 2011 de 7 de noviembre».

Asimismo, recuerda que el acuerdo municipal de resolución de la adjudicación del PAI viene precedido de dos dictámenes «de órganos independientes y ajenos al Ayuntamiento». Por un lado, señalan, está el dictamen favorable de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente del 15 de marzo de 2013 en el que se justifica la decisión tomada de resolver el PAI por el «incumplimiento de los plazos de ejecución». Por otra parte, hay un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo en el que se mostraba partidario de resolver el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la mercantil.

Además, el informe jurídico aportado por el Ayuntamiento afirma que «ni el alcalde ha tenido una intervención determinante en el expediente instruido para la resolución de la adjudicación del PAI ni el acuerdo adoptado incurre en vicio de desviación de poder».

Los representantes legales de la empresa urbanística lamentaron la falta de diálogo de los representantes municipales en este proceso.