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El gobierno de Corbera no recurre la sentencia de Unidad 4 pese a considerar que tiene motivos

  • El ejecutivo local aporta dos documentos en los que indica que fue correcta la resolución de la relación con la empresa urbanizadora

Hay motivos para recurrir la sentencia, pero, a efectos prácticos, la acatarán. El conflicto por una cuestión urbanística en Corbera ha dado un nuevo paso después de que, mediante un informe firmado por el asesor jurídico en Urbanismo y la secretaria interventora, se haya decidido desestimar la vía judicial tras la causa interpuesta por la empresa Unidad 4 de Corbera SL.

Cabe recordar que una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Valencia anuló una resolución del pleno de Corbera y afeó la conducta del actual alcalde de la localidad, Xavier Vicedo (Compromís), por participar en un asunto urbanístico siendo, a la vez, propietario de un terreno dentro del proyecto de reparcelación.

La sentencia, impulsada tras la demanda planteada por Unidad 4 de Corbera SL, daba la razón a esta firma y considera que el alcalde no actuó correctamente. El escrito judicial recuerda que Vicedo, en una fecha anterior a su nombramiento como alcalde, «impugnó el acuerdo de aprobación del proyecto de reparcelación, en su condición de propietario de un terreno dentro del ámbito de programación». Después, el 16 de mayo de 2013, «votó a favor de resolver la adjudicación del programa de unidad de ejecución 4.

Por su parte, desde el gobierno municipal de Corbera, y en aras de la máxima transparencia, colgaron tres documentos en la web municipal sobre la cuestión.

Uno de ellos es este informe en el que, aunque se afirma que hay motivos suficientes para recurrir en apelación, «se considera, a efectos prácticos, acatar la sentencia habida cuenta de la no condena en costas y la posibilidad de convalidar los actos anulados mediante la subsanación del defecto que ha provocado su invalidación».

En el informe colgado en la web municipal se recuerda que la anulación está motivada por la no abstención del alcalde, lo cual, según la sentencia, constituye un vicio invalidante por incompatibilidad manifiesta. Este argumento es replicado en el informe y se afirma que las resoluciones impugnadas «no han sido dictadas por el alcalde, sino por el teniente de alcalde, en virtud de la delegación conferida por resolución de alcaldía 2011 de 7 de noviembre».

Dos dictámenes

Asimismo, recuerda que el acuerdo municipal de resolución de la adjudicación del PAI viene precedido de dos dictámenes «de órganos independientes y ajenos al Ayuntamiento». Por un lado, señalan, está el dictamen favorable de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente del 15 de marzo de 2013 en el que se justifica la decisión tomada de resolver el PAI por el «incumplimiento de los plazos de ejecución».

Por otra parte, hay un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo en el que se mostraba partidario de resolver el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la mercantil.

Además, el informe jurídico aportado por el Ayuntamiento afirma que «ni el alcalde ha tenido una intervención determinante en el expediente instruido para la resolución de la adjudicación del PAI ni el acuerdo adoptado incurre en vicio de desviación de poder».