El Gobierno impugna la municipalización del servicio de limpieza impulsado en Alzira

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha remitido al Ayuntamiento de Alzira un requerimiento de anulación del acuerdo municipal de la reversión del servicio de limpieza de los colegios públicos y de las dependencias municipales. La Delegación de Gobierno, en manos del Partido Popular, ha amenazado el Ayuntamiento de Alzira de que llevará a los tribunales los acuerdos de municipalización de estos servicios y la subrogación del personal.

Además, en el requerimiento que se ha enviado al Ayuntamiento, se acusa de actuar el gobierno municipal y los técnicos municipales con fraude de ley y se cuestiona que se puedan revertir los servicios privatizados por los gobiernos del PP. De este modo, y según explicaron los tres portavoces de las formaciones que conforman el gobierno de Alzira en un comunicado, requieren a la anulación del acuerdo del pleno del 27 de enero que apoyaba el acuerdo de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento en relación a dicha subrogación.

Ivan Martínez, concejal de Personal en el Ayuntamiento de Alzira, señaló que, aunque están valorando la respuesta, lo más normal es que el conflicto acabe en los tribunales. En ese caso, Martínez afirmó sentirse tranquilo «porque contamos con todos los informes técnicos a favor». Asimismo, se mostró esperanzado en que el tema se pudiera desbloquear en el caso, lejano actualmente, de que pudiera haber un cambio de gobierno central próximamente. El edil destacó que esta situación está afectando a otras ciudades, no sólo a Alzira, y lamentó la actitud de la Delegación.

Las mismas fuentes del actual gobierno municipal señalaron que el ahorro económico estimado para el caso del servicio de limpieza, «respecto a la privatización del gobierno de la señora Bastidas, es de más de 150.000 euros anuales y ha permitido que ninguna trabajadora se hubiera visto en la calle por esta decisión y que se puedan crear bolsas públicas de trabajo. En cambio, las consecuencias de la aplicación del requerimiento de la Delegación de Gobierno podría suponer el despido de las 26 trabajadoras de la limpieza de los colegios públicos y edificios municipales, no poder convocar bolsas públicas y privatizar un servicio con un coste de más de 500.000 euros anuales».

Por parte de las formaciones que integran el gobierno local, Compromiso, PSPV y EUPV, se consideran inaceptables los términos en los que se hace este requerimiento y añaden que, «sin duda, se trata de una decisión política por parte del gobierno central del Partido Popular y su Delegación de Gobierno en Valencia, para impedir políticas transformadoras y de defensa del sector público».

Los tres grupos municipales afirmaron que valorarán todas las opciones y las acciones que se realizarán «frente a este pulso de la Delegación de Gobierno y se actuará velando siempre por el interés público y para la mejor defensa del servicio y los derechos de todas y todos . El gobierno local defenderá la decisión de municipalizar, que se ha tomado con el acuerdo unánime de los sindicatos del Ayuntamiento, los representantes de las trabajadoras y trabajadores de las empresas afectadas, con todos los informes técnicos (económicos, jurídicos, etcétera ) favorables y no ha contado con ningún voto contrario en el pleno ni en los órganos colegiados», concluyeron las mismas fuentes.