El magistrado del Tribunal Supremo de España Joaquín Giménez García afirmó hoy en Bogotá que ETA ya no cuenta con el apoyo del pueblo vasco, y se refirió a Amaiur como una alianza de fuerzas democráticas. "Hay una máxima de Mao Zedong que dice que la guerrilla necesita al pueblo como el pez al agua", así explicó Giménez la falta del respaldo del "pueblo fiel que ha estado aplaudiendo los atentados y que ha sido cómplice" de ETA, en alusión a los vascos que han apoyado a la banda terrorista.
También observó que se está reaccionando en contra de la "siembra del odio y del dolor, que no conduce a nada", razón por la cual "a ese agua, en el que estaban viviendo los peces que eran ETA, le va faltando oxígeno". El magistrado dejó notar además que las "cosas relevantes están cambiando en el País Vasco y parece que es un cambio que es definitivo". Y en ese sentido señaló que Amaiur, la formación de la izquierda abertzale que el pasado domingo ganó siete escaños en las elecciones generales, "es una confederación de dos partidos cuya democracia es incuestionable, que son Aralar y Eusko Alkartasuna, y otros colectivos más o menos independientes".
"Ambos partidos han tenido desde sus inicios una inequívoca actividad democrática y de respeto a la ley, y están en contra del terrorismo", matizó. Giménez García hizo estas declaraciones en el marco de un taller sobre justicia organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), en el que también participó el fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España, Javier Zaragoza Aguado, quien apuntó que no hay señales de que ETA haya llegado a su fin.
Más paso
"Se necesitan dar más pasos para que esa decisión tenga credibilidad, para que sea asumida por la sociedad española y por las víctimas", matizó Zaragoza, en alusión al anuncio que hizo recientemente la banda terrorista de abandonar las acciones armadas de forma definitiva.
Consideró que esas iniciativas pasarían por "entregar las armas y que aquellos que tengan responsabilidades penales pendientes se pongan a disposición de las autoridades". En ese último punto coincidieron ambos juristas, en el sentido de que los procesos abiertos contra miembros de ETA seguirán su curso ya que las "amnistías e indultos generales están prohibidos por la Constitución" española.
