El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que se encuentra de guardia esta semana, decidió ayer prohibir la manifestación convocada para hoy en Bilbao por la plataforma Herrira en apoyo del preso etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga, cuya salida de prisión se reclama por enfermedad terminal, al entender que tiene como objetivo ensalzar al recluso «alabando, amparando o justificando las actividades por él cometidas y por las que fue condenado, ensalzando además la lucha armada». Conviene recordar que este sujeto, que ahora padece cáncer, está en prisión por tres asesinatos y dos secuestros, uno de ellos el de Ortega Lara. El propio Pedraz había solicitado el jueves a Instituciones Penitenciarias que procediera a «estudiar la posible aplicación del tercer grado» al etarra, atendiendo a la gravedad de su estado, con vistas a otorgarle la libertad condicional según prevé para estos casos el artículo 104 del reglamento penitenciario en vigor, que fue por cierto promulgado cuando Mayor Oreja era ministro del Interior. En otras palabras, la excarcelación del recluso está ya en marcha, y ayer mismo la Junta de tratamiento de la prisión de Zaballa, donde está internado (actualmente se halla en un hospital), y la Secretaría General de Prisiones concluían los trámites pertinentes. La ley española, democrática, respeta los derechos humanos y la dignidad de los presos, sobre todo en el trance supremo de la muerte. Y en ello se diferencia el estado de derecho de la horda terrorista. Y también en esta ocasión, el Gobierno y la Justicia, en cuanto el preso enfermo se ha dejado examinar por los forenses -al principio, se negó a ello-, se han puesto en marcha para cumplir el designio humanitario. Pero una cosa es la magnanimidad de permitir que el preso muera en su domicilio rodeado de los suyos y otra muy distinta convertir el episodio en una clamorosa adhesión festiva a ETA o, lo que es aún más grave, en un gran mitin electoral de Bildu ante las próximas elecciones autonómicas vascas. La Audiencia Nacional, con buen criterio, ha entendido que el alarde estaba de más y ha cortado de cuajo una manifestación que, de celebrarse, hubiera supuesto el escarnio de las víctimas y un golpe en la cerviz de la democracia.

El ministro de Industria, canario de origen, echó ayer más leña al fuego de las críticas realizadas la víspera por Arias Cañete a las autonomías por los recortes realizados en medios antiincendios: «Es muchísimo más importante -dijo Soria- gestionar recursos y alquilar hidroaviones durante los meses de verano que tener una televisión autonómica». Y redondeó la idea diciendo que «es mucho más prioritario en Canarias tener unos equipos preparados específicamente teniendo en cuenta la especial orografía de las islas que tener, por ejemplo, un cuerpo de policía autonómica». El presidente de las islas, de Coalición Canaria, menospreció estas críticas diciendo lacónicamente que «ya tenemos suficientes pirómanos». El encontronazo revela el intento de ambas partes de responsabilizar a la otra por los graves siniestros que han afectado al archipiélago, y tales actitudes son impropias de quienes ostentan una importante representación política y social. La lucha contra el fuego es, en efecto, una competencia autonómica pero el Gobierno interviene también con los medios de que dispone cuando se lo reclaman las autonomías.