La mala imagen que acompaña al funcionario es injustificada. En las Administraciones, como en el resto de sectores productivos, conviven buenos y malos profesionales. La diferencia estriba en que mientras en la esfera privada el trabajador que no funciona y que no cumple puede ser despedido, el empleado público tiene un blindaje que le protege ante cualquier contingencia, lo cual es una garantía para evitar la figura del funcionario cesante de principios del siglo XX pero, al mismo tiempo, es un seguro que vida con el que algunos aprovechados usan y abusan de sus privilegios. En tiempos de crisis y de recortes, estos malos hábitos -siempre reprobables- son intolerables. Por ello, el Consell está intensificando los controles para acabar con el elevado índice de absentismo que acompaña a la actividad funcionarial. En 2011, por ejemplo, se registraron un total de 49.795 bajas laborales entre los empleados de la Administración valenciana. De las novedades anunciadas ayer tras el pleno del Consell por el vicepresidente Císcar hay que destacar la instalación de tornos en los edificios, la exigencia de un justificante médico desde el primer día que se falte al puesto de trabajo y el encargo a las mutuas de gestionar los tratamientos, con el fin de combatir la picaresca que inevitablemente acompaña a algunos funcionarios. La seguridad de un puesto de trabajo justamente obtenida tras una oposición no puede ser confundida con un cheque en blanco que concede todos los derechos sin que, a cambio, haya que cumplir con unas mínimas obligaciones. Los empleados públicos que cubren con profesionalidad y lealtad su cometido -y que son la mayoría- son los primeros interesados en desenmascarar a los que han hecho del escaqueo laboral todo un arte. Un arte pagado con el dinero de todos los ciudadanos.