Se esperaba con expectación el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer porque se suponía que el Gobierno podía tirar para atrás alguno de los planes de ajuste presentados por los ejecutivos regionales y destinados a cumplir con el objetivo de déficit, fijado en el 1,5%. No pasar este examen de las cuentas representa un primer paso para una intervención de la propia autonomía, una advertencia que Hacienda había dirigido a Asturias ante el vacío de poder que se ha producido en esta región. La Comunitat Valenciana aparecía en las quinielas (como otra media docena) de las que podían tener problemas, debido a su delicada situación económica. Pero el programa de reequilibrio elaborado por el Consell de Fabra, con unos recortes que suman más de 2.200 millones de euros, ha pasado la prueba, alejándose el temor de la intervención.

Superar la inspección del Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es sólo el primer paso para que la Comunitat cumpla con el objetivo de déficit y pueda recuperar la credibilidad y la confianza necesarias para volver a ser uno de los motores de la economía española. Las administraciones públicas tienen que cumplir un nuevo papel en el escenario que impone una crisis de gran calado y larga duración. Ni pueden seguir prestando los mismos servicios que hasta ahora ni pueden seguir manteniendo la misma estructura. El descenso del volumen de ingresos y la perentoria obligación de rebajar el endeudamiento fuerzan a las autonomías a abrir una nueva etapa. En el caso valenciano, la Generalitat se ve encorsetada por una financiación insuficiente, que no tiene en cuenta la población actual, con un desfase entre lo que se recibe y lo que debería llegar desde Madrid de unos 1.000 millones de euros anuales. Una variante que hay que tener en cuenta cuando se analiza el estado de la Comunitat. No obstante,y a pesar de estas dificultades, se ha superado el temido trance de ayer, en el que únicamente se ha quedado estancada Asturias, lo que permite un momentáneo alivio mientras empiezan a aplicarse sobre el terreno los recortes que se han aprobado en un papel.