Varapalo judicial del Tribunal Superior de Justicia al Ayuntamiento de Callosa, en concreto al equipo de gobierno que dirige el popular Javier Pérez. Una sentencia del alto tribunal valenciano da la razón, cinco años después, a la denuncia interpuesta por el PSOE local para pedir la revocación de un Pleno extraordinario celebrado en 22 de marzo de 2005 y rechaza el recurso de apelación del Ayuntamiento respecto a la vulneración de derechos básicos.

Se da la circunstancia de que el Pleno aprobó algunos puntos de vital importancia para la vida municipal callosina como es la aprobación del Presupuesto, la plantilla de personal y las bases de ejecución del ejercicio 2005. Asimismo se aprobó la adjudicación a Colsur de la limpieza viaria y la gestión de residuos sólidos, junto con la cesión a Suma de liquidaciones de tasas locales y también la cesión de la parcela del sector SO2 a la Conselleria de Educación para la realización del nuevo instituto.

El fallo del TSJ, contra el que no cabe recurso por parte del equipo de gobierno y que deberá pagar las costas, se fundamenta en que «la Corporación local no puede negar a un concejal la información de cobertura institucional, legal y reglamentaria». Prosigue la magistrada que esta circunstancia y el uso de esa información «es imprescindible para el debido ejercicio de las funciones de fiscalización y control de la gestión municipal y resulta patente la actuación contraria a Derecho del Ayuntamiento».

Otro de los pormenores de la sentencia es que la ponente dice, de forma textual, «que no son de recibo las justificaciones de la administración local en el sentido de que dada la mayoría absoluta con que se adoptaron los acuerdos el resultado final del mismo no hubiese cambiado», pues esta circunstancia supone, indica el texto, «aceptar que disponiendo un grupo de mayoría absoluta huelga cualquier derecho de información e incluso de participación en los plenos del resto de concejales».