La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha propuesto el sobreseimiento del 'caso Faisán'. Es lógico entender que aquella cumple órdenes del Gobierno en virtud del principio jerárquico que la vincula. Durante tres años el sumario ha permanecido aletargado mientras Garzón trataba de discernir si Franco estaba muerto o cómo buscarle las vueltas al Partido Popular. Ahora se pretende que nadie vaya a ser penalmente responsable del chivatazo policial que frustró la caída de una red de extorsión etarra coincidiendo con el momento en el que Zapatero andaba en negociaciones con la banda y el Fiscal General decía que la justicia tenía que bajar el listón para ir en paralelo al hilo de la jugada.

El escándalo es de una dimensión extrema. Zapatero y Conde-Pumpido son responsables ante el pueblo español de esta perversión mayúscula. Rubalcaba tiene también mucho que explicar. El cenit de esta ruin tropelía es que, además, el Gobierno pretenda imponer el silencio ante ese enjuague nauseabundo que constituye un escarnio contra las víctimas del terrorismo y contra los miles de hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se juegan la vida para impedir que ETA extienda su barbarie. La desvergüenza alcanza su colmo cuando De la Vega exige «responsabilidad» al PP para no quebrar con sus críticas la unidad antiterrorista.

La advertencia de la vicepresidenta es de suyo cínica y falaz. La unión de los demócratas sólo se fundamenta en el respeto escrupuloso al Estado de Derecho. Por eso la vileza de esta maniobra que busca dejar sin sanción un delito no admite complicidad ni paliativos. La basura es incompatible con el vigor de la libertad. Resulta obligado saber si algún dirigente gubernamental o un policía se convirtió en 'protector' de asesinos dándoles el aviso para impedir que su detención causara problemas a la estrategia de chalaneo con ETA que entonces ocupaba a Zapatero. La 'imposibilidad' del señalamiento de los presuntos culpables aducida por la Fiscalía contrasta con las manifestaciones de los sindicatos policiales que aseguran que la investigación no está concluida. El papelón del Ministerio Público acredita el grado de servilismo que Conde-Pumpido ha impuesto en aquel para convertirlo en un sectario brazo armado del Gobierno más allá del deber, la dignidad y el honor.

En definitiva aceptar que se esfume impunemente la pestilencia de este asunto sería una burla a la razón y a la ley tan rotunda como lo fue oír a Zapatero calificar a Otegi como «hombre de paz» o ver a De Juana salir de paseo tras ceder el Gobierno a su chantaje. La sociedad española tiene derecho a que se sepa quién la traicionó por incumplir su misión a cuenta de plegarse a los cálculos de una trama política desviada del servicio al interés general. La defensa del orden jurídico no permite excepciones ni componendas. La utilización viciada de los Tribunales para dar apariencia de legalidad a turbios objetivos que atentan contra el sentido último de la función jurisdiccional es un acto inmoral y repugnante que exige movilizar a la opinión pública para no consentir que se sustancie tamaña villanía.