Las ingenierías no son como las demás carreras universitarias. Las ingenierías son carreras, dentro de la Educación Superior, que tienen la particularidad de tener atribuciones profesionales por ley. Son estudios superiores que, además, tienen reconocidas, mediante una regulación legal, unas competencias profesionales que vienen definidas en el Boletín Oficial del Estado en una orden al efecto.
También queda implícito que las ingenierías forman profesionales para integrarlos en el tejido productivo de la sociedad, a fin de resolver o gestionar problemas técnicos reales que nuestra socioeconomía precisa.
Es por ello que debe existir un realismo pragmático y por tanto una correlación muy alta entre la realidad del tejido productivo, y sus proveedores de capital humano, que son las ingenierías, sus necesidades, tanto en cualificación, como en el número de egresados que producen.
Cualquier desbalance entre la realidad y la provisión cuesta un precio que hay que pagar y que no se traduce en la generación de riqueza. Dicho de una forma un tanto áspera: si la formación de nuestros técnicos y su número no responden a la necesidad del entorno más próximo, estamos haciendo un pan como unas tortas.
El mercado necesita una pirámide de capital humano en la que, en su base, se encuentra el personal menos cualificado, y en su vértice el más preparado. Esta distribución debiera llevar consigo una pirámide paralela y correspondiente desde el punto de vista salarial. También debe observarse que estamos totalmente inmersos en una economía global, y que la empresa, de acuerdo con sus intereses y sus objetivos, puede y debe externalizar aquellos procesos que, haciéndolo, mejoren su productividad. En esta realidad nos movemos. Si ignoramos la realidad nos vamos a estrellar sin remedio.
Está claro, se deduce del párrafo anterior, que debemos formar ingenieros al más alto nivel porque estamos en el primer mundo, trabajando y compitiendo en él, y para ello nos hacen falta ingenieros del primer nivel.
Bolonia lo dice y nuestras leyes lo obligan: en ingeniería hay dos niveles de formación, el grado (heredero natural de nuestras ingenierías de primer ciclo, de sus contenidos actualizados y convergidos, así como de sus atribuciones profesionales), y el máster profesional (heredero natural de nuestras ingenierías de segundo ciclo, de sus contenidos actualizados y convergidos, así como de sus atribuciones profesionales).
Dicho de esta forma, parece claro que la convergencia boloñesa sería muy sencilla y yo creo que así sería si no hubiera que cumplir la ley (también se podría derogar). El decreto de grado establece que este debe ser de cuatro años, con lo cual nos alineamos con Croacia, Bulgaria., etc., y no con Francia, Inglaterra Alemania, etc. Y el máster profesional tiene un segmento de entre uno y dos años, y también parece, a la hora actual, que el master profesional tiene atribuciones reconocidas. En esto estamos y seguro que llegamos a soluciones que respeten la legalidad.
Sin embargo, no estamos tocando los puntos que para mí son claves: ¿cuántos ingenieros de uno y otro tipo le estamos demandando a la universidad?, estas formaciones deben complementarse con una formación profesional cualificada. ¿Cuántos y con qué cualificación? ¿El recurso público debe ser el único que intervenga en la asunción de los costos de formación? ¿Cómo debe ser la formación básica?
No está habiendo una reflexión seria en la que los empresarios, conjuntamente con las universidades, definan estos criterios. Estas reflexiones ¿las debemos realizar en un marco de convergencia y, por tanto, con la participación de todos los implicados, o, sin embargo, en un marco de competencia mirando los modelos de EE. UU. que han dado buena muestra de éxito?
Supongo que si a toda esta serie de indefiniciones, que seguro provocarán el debate, le añadimos el hecho de que la formación en tecnologías, en la que la obsolescencia representa un papel fundamental, obliga a una formación abstracta en la que el activo más importante del egresado sea su capacidad de aprender de por vida para mantenerse actualizado, la confección de nuestros planes de estudios no es sino un reto en el que aquellos que tengan más acierto en su definición serán los que obtengan el reconocimiento de su entorno.
La conclusión a la que nos lleva este artículo es la pura competencia entre universidades y el problema es: ¿esto debe hacerse exclusivamente con dinero público? Yo no estoy seguro.
También queda implícito que las ingenierías forman profesionales para integrarlos en el tejido productivo de la sociedad, a fin de resolver o gestionar problemas técnicos reales que nuestra socioeconomía precisa.
Es por ello que debe existir un realismo pragmático y por tanto una correlación muy alta entre la realidad del tejido productivo, y sus proveedores de capital humano, que son las ingenierías, sus necesidades, tanto en cualificación, como en el número de egresados que producen.
Cualquier desbalance entre la realidad y la provisión cuesta un precio que hay que pagar y que no se traduce en la generación de riqueza. Dicho de una forma un tanto áspera: si la formación de nuestros técnicos y su número no responden a la necesidad del entorno más próximo, estamos haciendo un pan como unas tortas.
El mercado necesita una pirámide de capital humano en la que, en su base, se encuentra el personal menos cualificado, y en su vértice el más preparado. Esta distribución debiera llevar consigo una pirámide paralela y correspondiente desde el punto de vista salarial. También debe observarse que estamos totalmente inmersos en una economía global, y que la empresa, de acuerdo con sus intereses y sus objetivos, puede y debe externalizar aquellos procesos que, haciéndolo, mejoren su productividad. En esta realidad nos movemos. Si ignoramos la realidad nos vamos a estrellar sin remedio.
Está claro, se deduce del párrafo anterior, que debemos formar ingenieros al más alto nivel porque estamos en el primer mundo, trabajando y compitiendo en él, y para ello nos hacen falta ingenieros del primer nivel.
Bolonia lo dice y nuestras leyes lo obligan: en ingeniería hay dos niveles de formación, el grado (heredero natural de nuestras ingenierías de primer ciclo, de sus contenidos actualizados y convergidos, así como de sus atribuciones profesionales), y el máster profesional (heredero natural de nuestras ingenierías de segundo ciclo, de sus contenidos actualizados y convergidos, así como de sus atribuciones profesionales).
Dicho de esta forma, parece claro que la convergencia boloñesa sería muy sencilla y yo creo que así sería si no hubiera que cumplir la ley (también se podría derogar). El decreto de grado establece que este debe ser de cuatro años, con lo cual nos alineamos con Croacia, Bulgaria., etc., y no con Francia, Inglaterra Alemania, etc. Y el máster profesional tiene un segmento de entre uno y dos años, y también parece, a la hora actual, que el master profesional tiene atribuciones reconocidas. En esto estamos y seguro que llegamos a soluciones que respeten la legalidad.
Sin embargo, no estamos tocando los puntos que para mí son claves: ¿cuántos ingenieros de uno y otro tipo le estamos demandando a la universidad?, estas formaciones deben complementarse con una formación profesional cualificada. ¿Cuántos y con qué cualificación? ¿El recurso público debe ser el único que intervenga en la asunción de los costos de formación? ¿Cómo debe ser la formación básica?
No está habiendo una reflexión seria en la que los empresarios, conjuntamente con las universidades, definan estos criterios. Estas reflexiones ¿las debemos realizar en un marco de convergencia y, por tanto, con la participación de todos los implicados, o, sin embargo, en un marco de competencia mirando los modelos de EE. UU. que han dado buena muestra de éxito?
Supongo que si a toda esta serie de indefiniciones, que seguro provocarán el debate, le añadimos el hecho de que la formación en tecnologías, en la que la obsolescencia representa un papel fundamental, obliga a una formación abstracta en la que el activo más importante del egresado sea su capacidad de aprender de por vida para mantenerse actualizado, la confección de nuestros planes de estudios no es sino un reto en el que aquellos que tengan más acierto en su definición serán los que obtengan el reconocimiento de su entorno.
La conclusión a la que nos lleva este artículo es la pura competencia entre universidades y el problema es: ¿esto debe hacerse exclusivamente con dinero público? Yo no estoy seguro.
