Tema del día
Los rectores advierten de una suspensión de pagos en breve por falta de dinero de las universidades
Esta semana presentan las alegaciones a la propuesta económica del Consell
El paraninfo de la Universitat de València acogió ayer la celebración de la Junta general de Accionistas de Universia.
El debate sobre los problemas financieros de las universidades de la Comunitat sigue abierto. El Gobierno valenciano y las instituciones académicas llevan mes y medio intentando acercar posturas para liquidar la deuda que la Generalitat tiene contraída con las universidades y que el propio Consell ha estimado en 891 millones de euros.
Pero el acuerdo no llega pese a que la Conselleria de Educación presentó la pasada semana un documento con las cantidades y plazos a abonar a cada universidad.
A la espera de que las instituciones den una respuesta a la porpuesta del Consell, el rector de la Universidad Jaume I de Castellón y presidente de la asociación de rectores de las universdidades públicas valencianas, Francisco Toledo, dio su penúltima voz de alarma: "Las universidades estamos a pocas semanas de un crisis total, de una suspensión de pagos total por falta de liquidez".
Esta advertencia se produjo en el marco de la celebración de la Junta General de Accionistas de Universia, la mayor red universitaria con 1.077 instituciones, celebrada en el paraninfo de la Universitat de València.
El rector de la Jaume I de Castellón tuvo una de cal y otra de arena para el Gobierno valenciano. Por un lado, valoró el "esfuerzo que están haciendo por solventar un problema del que ellos son los únicos responsables por las malas prácticas de los últimos años". Pero también explicó que la "bola se ha ido haciendo grande" ya que el problema se genera porque la Generalitat "ha ido poniendo en los Presupuestos partida menores que las que tenía que dar".
Toledo argumentó que una vez "puestos a hacer trampa, igual les da poner 3 que 333 de menos hasta una cifra tan tremenda como la que se ha llegado a alcanzar este año".
El rector de Castellón destacó reiteradamente la buena predisposición por ambas partes, pero siguió poniendo el dedo en la herida económica. "No nos gusta que se nos vaya a pagar en 14 años, porque es dinero para hacer frente a los gastos corrientes y eso va a generar problemas de tesorería".
Aunque reconoció las dificultades para hacer frente a esas cantidades de manera inmediata, manifestó que los rectores considerarían "admisible" el cobro aplazado "si se dan una serie de circunstancias".
La primera de las condiciones es que las universidades "tengan capacidad para tener liquidez, ya que todo lo que llevamos gastado aflorará aunque firmemos el acuerdo. Por ello, necesitamos una garantía para poder acudir al mercado financiero con el fin de obtener liquidez".
Esta es una condición que debe autorizar el Consell, según la Ley de Consejos Sociales que aprobó el propio Gobierno valenciano. "En esto nos deben dar plenas garantías", acuñó.
La segunda circunstancia que se debe dar para que los rectores acepten el convenio es de "futuro". Francisco Toledo señaló que "con este acuerdo nos hipotecamos a quince años y tenemos que saber con lo que contaremos en los próximos años".
Toledo agregó que después de las múltiples manifestaciones que ha hecho el secretario autonómico de Universidad, Emilio Barberá, "sobre que nadamos en la abundancia, manejando informes absolutamente desfasados, en la comunidad universitaria hay una intranquilidad tremenda", a lo que se suma el "intento de recortar el presupuesto este año un 20%".
Por estos motivos, "nuestra confianza es muy baja y queremos saber que una vez firmemos este acuerdo, cuando nos sentemos a negociar el próximo plan de financiación, vamos a tener sobre la mesa al menos lo que tenemos ahora".
Estas son las dos condiciones que los rectores ponen a Conselleria para aceptar el acuerdo de financiación propuesto por la Administración y que, por ahora, no se han visto reflejados en el documento de negociación.
El rector de Castellón manifestó que esta misma semana presentarán sus alegaciones por escrito, dejando constancia de las condiciones mencionadas. En todo caso, apostó por resolver el tema "bien, no en falso" porque esto "no nos lo merecemos nadie", lamentó.
El resto de responsables académicos valencianos allí presentes fueron un poco más cautos al valorar la situación financiera en la que se encuentran las instituciones que dirigen. El rector de la Universitat de València, Francisco Tomás, se pronunció sobre el tema asegurando que la situación de tesorería de la universidad valenciana "y en particular la mía es verdaderamente preocupante".
Añadió que están intentando llegar a un acuerdo con el Consell y se mostró plenamente "seguro de que llegaremos a hacerlo".
Juan Juliá, rector de la Universidad Politécnica, se mostró partidario de resolver la situación y señaló que el compromiso de la Conselleria de Educación "es aceptable ya que responde a los discursos de futuro del presidente Camps".
Juliá reclamó que los pagos "se realicen con puntualidad para resolver situaciones de pasado y que se resuelva de forma razonable la financiación futura". Se mostró satisfecho con la cuantificación de la deuda ya que, en su opinión, la Conselleria ha realizado "una estimación correcta, pero el aplazamiento del pago es lo que nos preocupa".
Jiménez Raneda, rector electo de la Universidad de Alicante, dijo que el convenio "es un punto de partida para afrontar los problemas económicos".
Pero el acuerdo no llega pese a que la Conselleria de Educación presentó la pasada semana un documento con las cantidades y plazos a abonar a cada universidad.
A la espera de que las instituciones den una respuesta a la porpuesta del Consell, el rector de la Universidad Jaume I de Castellón y presidente de la asociación de rectores de las universdidades públicas valencianas, Francisco Toledo, dio su penúltima voz de alarma: "Las universidades estamos a pocas semanas de un crisis total, de una suspensión de pagos total por falta de liquidez".
Esta advertencia se produjo en el marco de la celebración de la Junta General de Accionistas de Universia, la mayor red universitaria con 1.077 instituciones, celebrada en el paraninfo de la Universitat de València.
El rector de la Jaume I de Castellón tuvo una de cal y otra de arena para el Gobierno valenciano. Por un lado, valoró el "esfuerzo que están haciendo por solventar un problema del que ellos son los únicos responsables por las malas prácticas de los últimos años". Pero también explicó que la "bola se ha ido haciendo grande" ya que el problema se genera porque la Generalitat "ha ido poniendo en los Presupuestos partida menores que las que tenía que dar".
Toledo argumentó que una vez "puestos a hacer trampa, igual les da poner 3 que 333 de menos hasta una cifra tan tremenda como la que se ha llegado a alcanzar este año".
El rector de Castellón destacó reiteradamente la buena predisposición por ambas partes, pero siguió poniendo el dedo en la herida económica. "No nos gusta que se nos vaya a pagar en 14 años, porque es dinero para hacer frente a los gastos corrientes y eso va a generar problemas de tesorería".
Aunque reconoció las dificultades para hacer frente a esas cantidades de manera inmediata, manifestó que los rectores considerarían "admisible" el cobro aplazado "si se dan una serie de circunstancias".
La primera de las condiciones es que las universidades "tengan capacidad para tener liquidez, ya que todo lo que llevamos gastado aflorará aunque firmemos el acuerdo. Por ello, necesitamos una garantía para poder acudir al mercado financiero con el fin de obtener liquidez".
Esta es una condición que debe autorizar el Consell, según la Ley de Consejos Sociales que aprobó el propio Gobierno valenciano. "En esto nos deben dar plenas garantías", acuñó.
La segunda circunstancia que se debe dar para que los rectores acepten el convenio es de "futuro". Francisco Toledo señaló que "con este acuerdo nos hipotecamos a quince años y tenemos que saber con lo que contaremos en los próximos años".
Toledo agregó que después de las múltiples manifestaciones que ha hecho el secretario autonómico de Universidad, Emilio Barberá, "sobre que nadamos en la abundancia, manejando informes absolutamente desfasados, en la comunidad universitaria hay una intranquilidad tremenda", a lo que se suma el "intento de recortar el presupuesto este año un 20%".
Por estos motivos, "nuestra confianza es muy baja y queremos saber que una vez firmemos este acuerdo, cuando nos sentemos a negociar el próximo plan de financiación, vamos a tener sobre la mesa al menos lo que tenemos ahora".
Estas son las dos condiciones que los rectores ponen a Conselleria para aceptar el acuerdo de financiación propuesto por la Administración y que, por ahora, no se han visto reflejados en el documento de negociación.
El rector de Castellón manifestó que esta misma semana presentarán sus alegaciones por escrito, dejando constancia de las condiciones mencionadas. En todo caso, apostó por resolver el tema "bien, no en falso" porque esto "no nos lo merecemos nadie", lamentó.
El resto de responsables académicos valencianos allí presentes fueron un poco más cautos al valorar la situación financiera en la que se encuentran las instituciones que dirigen. El rector de la Universitat de València, Francisco Tomás, se pronunció sobre el tema asegurando que la situación de tesorería de la universidad valenciana "y en particular la mía es verdaderamente preocupante".
Añadió que están intentando llegar a un acuerdo con el Consell y se mostró plenamente "seguro de que llegaremos a hacerlo".
Juan Juliá, rector de la Universidad Politécnica, se mostró partidario de resolver la situación y señaló que el compromiso de la Conselleria de Educación "es aceptable ya que responde a los discursos de futuro del presidente Camps".
Juliá reclamó que los pagos "se realicen con puntualidad para resolver situaciones de pasado y que se resuelva de forma razonable la financiación futura". Se mostró satisfecho con la cuantificación de la deuda ya que, en su opinión, la Conselleria ha realizado "una estimación correcta, pero el aplazamiento del pago es lo que nos preocupa".
Jiménez Raneda, rector electo de la Universidad de Alicante, dijo que el convenio "es un punto de partida para afrontar los problemas económicos".
