Los que en un principio parece que son los delincuentes, en realidad, pueden ser las víctimas. Esta es la tesis que sostiene la Fiscalía de Valencia acerca de la banda de menores rumanos especializada en robos y hurtos, en especial, en los cajeros de las entidades bancarias.
La fiscal coordinadora de menores, Teresa Gisbert, consideró ayer evidente “que estos actos no los cometen los menores por su propia iniciativa, sino que estarían siendo inducidos por sus progenitores u otras personas”.
De tal forma que el dinero obtenido por los niños en sus delitos sufragaría la vida de los adultos o costearía otras actividades ilícitas. Los indicios que se conocen hasta la fecha –modo de vida de los pequeños y sus familias– parece que apuntan en esa dirección. Los responsables del ministerio público tratan de averiguar quién se esconde realmente tras este grupo de delincuentes rumanos, integrado por unos 20 ó 25 niños que no llegan a los 14 años.
Si se confirma que los progenitores son inductores, Gisbert aseguró que se actuará con “contundencia” y se remitirán las diligencias al juzgado de guardia para que actúe contra ellos. De hecho, la responsable recordó que ya existe un antecedente en este sentido por el que unos padres habían ingresado en prisión.
La actuación contra los padres es una de las directrices del protocolo de actuación que presentó ayer la fiscal de menores y que ha sido acordado por organismos policiales, fiscales y de la administración autonómica tras dos horas de reunión.
Otro de los aspectos que también tratarán desde la Fiscalía es averiguar si por sus circunstancias, así como por la actitud de sus progenitores, estos jóvenes están en una situación de desamparo y necesitados de la tutela de la Generalitat.
La necesidad de estas directrices pone de manifiesto la “alarma social” que se ha generado ante este tipo de delincuencia. Gisbert confirmó este extremo y aseguró que se trabaja para combatirlo. “La ciudadanía debe saber lo que se está haciendo”, anunció.
Inseguridad en las calles
No obstante, por el momento, el clima de inseguridad se mantiene en las calles. Desde el pasado domingo se han detectado al menos tres robos perpetrados por menores rumanos. El método, el habitual: distraer a los clientes de una sucursal cuando sacan dinero del cajero.
Así ocurrió el pasado domingo en la calle Músico Cabanilles, donde a una persona de 36 años le arrebataron 300 euros después de marcar su número secreto. Dos menores le taparon la cara con propaganda sin tiempo para reaccionar. Los niños escaparon.
Unas horas más tarde, en la calle Emilio Lluch, cuatro menores se apoderaron de 500 euros de una mujer tras colocarle un cartón delante de la pantalla del cajero. Una patrulla de la Policía Local consiguió arrestar a los adolescentes. Y, el pasado martes, de nuevo el grupo logró 300 euros tras golpear a dos mujeres en un cajero. Las dos víctimas retuvieron a uno de los menores, de 13 años, pero el otro huyó.
Son tres ejemplos que ilustran la situación actual. La delincuencia de los menores rumanos se detectó por primera vez en la ciudad hace unos tres años aproximadamente. Pero por aquel entonces se dedicaban a sustraer al descuido móviles en las cafeterías del centro histórico. También reclamaban donativos para falsas oenegés.
Sin embargo, ahora incluso la propia fiscal coordinadora de menores reconoce que los niños cometen acciones más graves y emplean mayor violencia.
Se trata en su amplia mayoría de jóvenes que viven todo el día en la calle, son analfabetos y apenas saben expresarse en castellano. No obstante, han sido aleccionados para cometer este tipo de delitos con gran rapidez.
Otra de las incógnitas que la policía trata de despejar es si los padres observan desde la distancia las acciones delictivas que cometen sus hijos o incluso dan órdenes.
Además, la Fiscalía ha comprobado que viven en domicilios donde comparten casa con multitud de otros compatriotas –tanto adultos como niños– y muchos tienen los mismos apellidos o muy parecidos. “No resulta nada fácil esclarecer el parentesco”, precisó Gisbert.
Y ahí surge un nuevo problema. Determinar si los que dicen que son sus padres realmente lo son en realidad. Esta es otra de las cuestiones que se investigan actualmente por parte del ministerio público.
Además, una vez son detenidos surge otro problema que añadir a la ya complicada situación. Los menores tienen la lección bien aprendida y a las pocas horas de ingresar en un centro de protección –a veces no llega ni a una hora– escapan de nuevo.
Este fue uno de los asuntos que se abordó en el encuentro entre todos los responsables implicados: cómo garantizar la estancia de estos niños en los centros y de esta forma protegerles –mientras sean menores de edad– de sus padres o las mafias.
Gisbert propuso otro tipo de centros donde se pueda cumplir la condición anterior, aunque este extremo es competencia de la Generalitat y será ella la que tome una decisión en una reunión dentro de aproximadamente dos semanas.
arallo@lasprovincias.es
