El inicio del curso escolar se está viendo afectado por las discrepancias que ha suscitado la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Distintas asociaciones de padres están propugnando la no asistencia de sus hijos a la citada materia. Una actitud que no cabe concebir como legal ni como la más adecuada para los alumnos. Pero frente a las posiciones más rotundas, que presentan la asignatura como un intento de adoctrinamiento que se inmiscuiría en un terreno privativo de cada familia y que atentaría contra la moral sustentada en la fe, los pronunciamientos de la FERE y del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, podrían propiciar la conciliación.
La próxima publicación de una guía que, editada por la federación de los centros católicos, pretende adecuar el contenido curricular de la nueva asignatura al ideario propio de los mismos servirá para demostrar que la obligación legal de impartir tan controvertida materia sólo puede realizarse desde el respeto a la decisión de los padres al matricular a sus hijos en un determinado centro y desde la consideración debida a la libertad de cátedra. Las palabras de monseñor Blázquez permiten atisbar una disposición más proclive al entendimiento que la de otras voces de la jerarquía católica. En este sentido, es de esperar que la introducción este curso de Educación para la Ciudadanía sirva para desarrollar armoniosamente aquellos apartados curriculares más opinables. La decisión del Gobierno de incluir una materia que se imparte en la mayoría de los países europeos ha demostrado lo inconveniente que resulta modificar la legislación educativa sin el deseable consenso. Tanto que sus promotores serían los primeros responsables en el caso de que la nueva asignatura acabe invalidada académicamente a causa de la polémica. Lo más preocupante sería que la confrontación diese a entender que no existen valores comunes en nuestra convivencia. Tal conclusión resultaría tan absurda que sólo podría evitarse reconduciendo el debate hasta el punto de que ninguna formación se vea obligada a anunciar la supresión de la asignatura si gana las elecciones.
