La Federación de Vecinos presentó ayer alegaciones contra la nueva ordenanza acústica de la ciudad. Esta prevé el cierre de un local un año después de que se denuncie una ilegalidad, un hecho que motivó una de las críticas vecinales más duras contra la nueva normativa para evitar la contaminación acústica.
Los vecinos solicitaron en el escrito que presentaron ayer en el Consistorio que se apliquen medidas cautelares para que los infractores no puedan generar molestias por la larga duración de los procesos y se protejan los intereses de la ciudadanía.
Otra de las alegaciones hace referencia el artículo 54 en relación a las denuncias que los ciudadanos pueden efectuar sobre las molestias acústicas, ya que la ordenanza –tal y como adelantó el PSPV la semana pasada– establece que “se podrán girar las liquidaciones correspondientes al coste de la inspección realizada”.
Desde la Federación se alegó que el coste de la inspección y control de este tipo de denuncias debe corresponder al Ayuntamiento.
18 alegaciones
Los socialistas también presentaron alegaciones a la nueva ordenanza. Si en un primer momento anunciaron 9 alegatos, finalmente fueron 18.
De todas ellas, la socialista Carmen del Río destacó una de ellas por considerar que con esta el Ayuntamiento “sortea” la posibilidad de que determinadas zonas donde la contaminación acústica es palpable sean declaradas Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS).
Del Río se refirió al artículo 50 del reglamento que dice que en aquellas zonas donde las múltiples actividades superen los 15 decibelios de lo establecido “el Ayuntamiento podrá establecer las medidas oportunas tendentes a disminuir el nivel sonoro exterior”.
Del Río tachó el artículo de “claudicación ante las actividades que producen molestias” ya que las ZAS “reguladas por ley autonómica se declaran cuando las zonas se superan los 20 decibelios de los reglamentado”.
