Por primera vez desde que comenzó la campaña política orquestada principalmente por el PSOE en Europa contra el urbanismo valenciano, en diciembre de 2005, el Gobierno reconoce en un informe que “las noticias sobre la marcha del sector inmobiliario en España van a influir negativamente en las visitas de los británicos, principalmente a Andalucía y la Comunitat Valenciana”.
Según el Informe de Coyuntura Turística de la campaña de verano 2007, elaborado por el Ministerio de Industria, estas informaciones han tenido “un gran impacto en los medios británicos”.
Por primera vez se vincula de forma directa y desde el Gobierno la campaña contra el urbanismo en Europa con la previsible disminución de viajeros británicos a la Comunitat.
El pasado año, el mismo Ministerio ya hizo notar en la encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) que la Comunitat había sido el único destino español que durante los primeros cinco meses del año había experimentado un descenso de turistas británicos. Durante ese tiempo, la BBC, The Times, el Daily Express y el Daily Telegraph, todos medios de comunicación del Reino Unido, habían realizado amplios reportajes sobre la inseguridad jurídica debido al llamado land grab (robo de tierras), como se definió a la anterior ley urbanística valenciana, la LRAU.
Parón en la demanda
En el informe turístico del Gobierno se hace referencia a que el “previsible parón en la demanda de viviendas debido a la incertidumbre va a influir negativamente en los viajes que los posibles compradores hacen a España hasta que se deciden por una vivienda”. Según el Ministerio, de media suelen hacer “tres viajes de unas dos noches cada uno antes de realizar la compra”.
Esta misma semana, el urbanismo valenciano ha sido uno de los temas protagonistas en el pleno de la Eurocámara. El pasado martes se discutió el informe presentado tras la visita de varios eurodiputados a la Comunitat, donde se hablaba de que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) “vulneraba los derechos fundamentales de las personas” y cargaba contra la obligación de “ceder propiedad privada legítimamente adquirida”.
En realidad, y como ya publicó ayer LAS PROVINCIAS, se han intentado mezclar en Europa dos asuntos completamente diferentes. Por un lado, la denuncia que se presentará el próximo miércoles ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo sobre que la LUV no respeta la normativa europea de contratación. Un aspecto meramente técnico, que tiene que ver con la legislación española y sin ninguna relación con la campaña mediática que tuvo su mayor repercusión durante la visita de los eurodiputados a varios municipios valencianos.
La resolución aprobada por el Parlamento Europeo, con efecto meramente político, ataca el urbanismo valenciano y los macroproyectos urbanísticos, entre otras cuestiones.
El secretario de organización del Partido Popular en la Comunitat, Enrique Crespo, lamentó ayer que los socialistas estén “obsesionados” con desprestigiar a la Comunitat ya que “están más preocupados por intoxicar la imagen de nuestro territorio que de defenderla”.
Crespo cree que en la “particular cruzada” de los europarlamentarios de izquierdas cuentan con “el beneplácito de Zapatero”. Así, ha indicado que hasta el propio Gobierno reconoce en su último informe sobre el turismo en España el “impacto negativo que su campaña de acoso y derribo” tiene en la Comunitat Valenciana.
“Los socialistas están tan empeñados en emponzoñar nuestra imagen que no controlan los efectos que podría tener sus embestidas contra la Comunitat en un sector como el turismo, uno de los motores de la economía valenciana”, denunció Crespo. Para los socialistas “en política, vale todo”.
La mala imagen de la Comunitat ha ido calando en los principales países emisores de turistas. Si el año pasado todavía se hablaba de que la reducción en el número de visitantes británicos, principal mercado para el turismo valenciano, podía deberse a una casualidad, este año, a punto de comenzar la campaña de verano, ya se vincula directamente con la campaña sobre el urbanismo valenciano.
Esta misma semana, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha criticado hasta en dos ocasiones que los votantes de la Comunitat “no son conscientes de las consecuencias de la política urbanística valenciana”. Enrique Crespo arremetió contra estas declaraciones ya que “está subestimando la inteligencia de los valencianos”.
Crespo recordó que más del 30% del territorio está protegido, lo que supone casi 700.000 hectáreas de los más de dos millones que tiene la Comunitat. “Tenemos siete nuevos parques naturales y 36 parajes municipales”.
