La expresión Cui bono, también utilizada como Cui prodest (¿quién se beneficia?), es una expresión latina, cuyo significado viene a ser que la persona o grupo culpable de cometer un delito se debe encontrar entre los que tienen algo que ganar con el mismo. Se suele atribuir la frase al cónsul romano y censor Lucio Casio Longino Ravilla, y su uso fue popularizado por Cicerón, siendo expresión habitual en Derecho Romano.
Aunque este principio es muy útil en criminalística, a veces no es sencillo determinar quién o quiénes son los que más pueden ganar, con la comisión de un delito ya que en ocasiones el culpable puede distraer la atención sobre otra persona o grupo usándolos como cabeza de turco.
En estos días estamos viendo el final del juicio del 11-M y aparecen cada vez con más fuerza las hipótesis defendidas por Luis del Pino, el diario El Mundo y la COPE, que se basan en investigaciones periodísticas que parten de la descripción de los hechos tal como se revelan en el sumario, de las declaraciones que constan en el sumario y de las contradicciones que surgen del mismo y plantean incógnitas cuya falta de esclarecimiento abre la posibilidad de especulaciones sobre la mayor masacre perpetrada por el terrorismo en toda Europa. Se está poniendo de manifiesto que la instrucción del sumario está plagada de informes contradictorios, declaraciones manipuladas, perjurio y documentos falsos, realizadas en su mayor parte por funcionarios públicos vinculados a la fiscalía, a la policía y a la guardia civil.
En la aplicación del principio Cui prodest? (¿a quién beneficia?) aparecen, según lo descrito por el diario El Mundo, Libertad Digital y la COPE como posibles beneficiados de la masacre, ETA en primer lugar, el PSOE, los servicios secretos marroquíes y franceses así como algunos responsables de la guerra sucia contra ETA durante los gobiernos de Felipe González. ¿Pero en qué se benefician realmente los acusados, y cuáles son los motivos para la comisión del delito?
Tras los atentados del 11 de marzo el gobierno del PP, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la oposición y todos los medios de comunicación sostuvieron la autoría de ETA, al menos hasta el mediodía, cuando comenzaron a aparecer informaciones promovidas por el PSOE y el grupo PRISA que apuntaban hacia una autoría distinta, la islamista. Posteriormente se dio por cierta la vinculación de los islamistas, a pesar de que las informaciones sobre terroristas suicidas no eran ciertas. Más tarde, se han puesto de manifiesto en el sumario nuevas hipótesis, que hacen que se vuelva a considerar la posible implicación de ETA en la masacre.
La tesis del gobierno actual del PSOE, de la fiscalía y de los altos cargos de la policía sostienen que el propósito de los terroristas con el atentado era lograr la retirada de las tropas de Irak, las evidencias que están surgiendo en el sumario apuntan en otra dirección, en la que los autores intelectuales serían de origen local y el verdadero objetivo fue el cambio de gobierno, no la retirada de las tropas de Irak que el nuevo gobierno efectuaría nada más llegar de forma precipitada. Algunas teorías llegan a responsabilizar al PSOE de la masacre, involucrando a policías, jueces y confidentes en tramas cuya finalidad habría sido la derrota electoral del gobierno del Partido Popular.
Desde abril del año 2004 el diario El Mundo ha publicado una serie de artículos, bajo el titulo “los agujeros negros del 11-M”, que inciden en aspectos de la investigación que están sin aclarar, y en una serie de errores policiales que han dado lugar a sospechas en cuanto a los procedimientos. Otros medios de comunicación como la emisora City Fm Radio que desde 2005 mantiene un equipo de investigación con Javier Castro Villacañas, Luis del Pino y Javier Oyarzábal o la COPE y el diario Libertad Digital que vienen defendiendo que el Ministerio del Interior español no está haciendo todo lo posible por llegar al fondo de las investigaciones.
La insistencia del PSOE y de todos los medios de comunicación que lo apoyan, en que todo está claro y que no se debe investigar nada más nos lleva a añadir a cui prodest?, una segunda pregunta, “quid pro quo”, o sea cuál ha sido el beneficio recíproco de dicha masacre entre los posibles beneficiados de la misma. Para contestar a esa segunda cuestión del Derecho Romano clásico, seguramente habrá que esperar acontecimientos en la negociación que el gobierno y ETA han desarrollado, incluso durante la pasada campaña electoral y qué revelaciones hará ETA de las mismas.
