La decisión de Celia Torres –madre de la menor sobre la que se han adoptado medidas de protección y alejamiento de sus cuatro presuntos agresores– de que su hija no acuda al centro más que para realizar los exámenes de fin de curso precede a la de cambiarla de instituto a partir de septiembre. Hasta llegar a esta situación, la adolescente de 15 años, ha sufrido un auténtico calvario desde principios de curso puesto que, según la madre, esta situación se venía repitiendo desde hacía ocho meses sin que los familiares supieran nada.
Celia Torres acudió a la dirección del instituto Miguel Hernández para informar sobre la situación y también presentó una denuncia en la comisaría centro de la Policía Nacional. La madre quiso informarse sobre los pasos que se daban ante este tipo de acosos y llamó a la única asociación de acoso escolar que existe en España, en Asturias, donde le aconsejaron sobre los trámites a desarrollar. La orden de la Fiscalía de Menores concede a la menor las mismas medidas de protección que se ofrecen a una mujer maltratada en el ámbito familiar. Se ha decretado una orden de alejamiento de 300 metros contra los dos presuntos acosadores mayores de 14 años y también se ha dado orden de dar a la joven un teléfono de emergencias conectado las 24 horas con la Policía.
Los dos alumnos denunciados –los otros dos no son objeto de medidas judicial por tener menos de 14 años– se encuentran en una situación de libertad vigilada y, entre otras medidas, deberán asistir a un curso de educación sexual. Uno de los menores, que hasta el 30 de mayo era compañero de clase de la joven denunciante, se le impuso el cambio de aula.
