Los días de libertad de Juan Maeso pueden estar contados. El tribunal que le impuso una condena de 1.933 años de cárcel por contagiar la hepatitis C a 275 personas ha aceptado la petición del fiscal de celebrar una vista para debatir el posible ingreso en prisión provisional del anestesista.
La petición fue realizada la pasada semana por Javier Carceller y Enrique Remón, a la que se sumaron varias acusaciones particulares. El ministerio público solicitó el encarcelamiento provisional del facultativo, hasta que la sentencia llegue a ser firme en caso de ser confirmada por el Tribunal Supremo, al considerar que hay un “evidente riesgo de fuga”.
Tal y como informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el próximo 4 de junio tendrá lugar la vista oral en la que el tribunal de la sección segunda escuchará los argumentos de todas las partes al respecto. La Audiencia decidirá entonces si procede o no dictar la prisión provisional para el anestesista.
Los propios fiscales indicaron tras conocerse la sentencia que, en caso de que el tribunal estime encarcelar a Maeso, su ingreso en prisión sería “inminente, incluso el mismo día en que se ordene”, como subrayó Carceller.
Por otro lado, la Fiscalía ha recurrido la decisión de la Audiencia de devolver a la sección segunda a su presidente, José María Tomas y Tío. El magistrado se abstuvo de participar en el juicio al haber intervenido ya en algunos de los recursos interpuestos contra la instrucción del caso, para evitar así que se pudiera hablar de “contaminación” en el tribunal.
Sin embargo, una vez dictada la sentencia, Tomás y Tío ha regresado a la sección segunda y participará en las aclaraciones de la sentencia que puedan solicitar las partes. El fiscal considera que esto puede acabar ocasionando una “nulidad” de la sentencia.
No es el fondo del asunto
La decisión final está en manos del presidente de la Audiencia, Pedro Castellano. Fuentes jurídicas indicaron que la decisión más probable es acordar que el presidente magistrado siga en la sección segunda, ya que el fallo ya está dictado y no hay que decidir sobre el fondo del asunto. Es más, el Tribunal Constitucional ha establecido en numerosas resoluciones que las sentencias están ligadas “al órgano judicial y no a sus miembros”.
La decisión a este respecto, en nada va a interferir en el transcurso normal del procedimiento. Así lo demuestra la convocatoria de la vista para debatir la prisión provisional de Maeso, así como el hecho de que para nada se va a paralizar el pago de los 20,3 millones de indemnización a los afectados, tal y como aseguraron desde el Tribunal Superior.
Amparo González, presidenta de la Asociación de Afectados de la Hepatitis C, destacó respecto al pago de las indemnizaciones que si ‘‘hemos esperado nueve años para el juicio, podemos esperar 15 días’’, puesto que la representante de los afectados consideró que en caso de que hubiera algún retraso sería de 15 días a tres meses.
González señaló que ayer mantuvo una conversación con un representante de la Generalitat, quien le explicó cómo se había realizado el ingreso del importe de las indemnizaciones y recalcó que hasta ahora ‘‘lo que me prometieron lo han cumplido y han seguido todos los pasos’’.
