Ocho muertos, miles de damnificados y cuatro juicios para el ‘caso Tous’
Algunos afectados todavía esperan, 24 años después, las indemnizaciones tras una de las causas más largas de España
Algunos afectados todavía esperan, 24 años después, las indemnizaciones tras una de las causas más largas de España
Una fecha para la historia: 20 de octubre de 1982. La presa de Tous se desmoronó y sembró el pánico aguas abajo. Ocho muertos, miles de damnificados y millones en pérdidas económicas fueron el trágico balance.
La comarca de la Ribera se vio asolada por el desbordamiento del río Júcar y sus habitantes vivieron momentos que ya no han podido olvidar. Ante el trágico escenario sólo cabía ponerse manos a la obra para tratar de recuperar la normalidad, objetivo que entonces parecía poco menos que imposible.
Para ello no bastaba el esfuerzo individual de los ciudadanos, había que contar con la colaboración de las instancias públicas, a las que de inmediato y antes de que se iniciara la causa judicial, ya se dirigieron las voces de reivindicación de ayudas.
Pero la batalla de los damnificados por recuperar parte de lo que se llevó el río ha durado demasiados años. Algunos incluso todavía esperan el final de una pesadilla que comenzó hace ya casi un cuarto de siglo.
Hasta que llegó la condena del Estado como responsable patrimonial subsidiario de la rotura de la presa de Tous, los damnificados pasaron por innumerables ventanillas, reuniones con las asociaciones Afiva y Apemeda, manifestaciones, protestas y todo tipo de reclamaciones para conseguir un pronunciamiento favorable de la justicia. Las primeras diligencias se instruyeron en los juzgados de Xàtiva pocas semanas después de la tragedia.
En un primer momento se acusó a dos personas, Jesús González Marín, responsable a pie de presa del mantenimiento del pantano, y Salvador Madrigal Sánchez, autor del proyecto del pantano de Tous hasta 1981.
La instrucción terminó, después de varios retrasos, en 1986, con un auto de procesamiento que sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de Valencia a cuatro ingenieros, los dos anteriores más Florentino Santos, director de la presa en el momento del procesamiento, y Román Guerrero, jefe de servicio de Presas.
El segundo juicio comenzó en febrero de 1989. Concluyó con una sentencia dictada el 25 de octubre de 1990 por la que se condenaba a Román Guerrero y Sancho Tello como autores materiales de un delito de imprudencia con resultado de ocho homicidios y al Estado como responsable civil subsidiario.
El recurso de uno de los condenados frenó la ejecución de la sentencia. Además, la incompatibilidad de uno de los magistrados que participaron en el juicio anuló todas las actuaciones y el Tribunal Supremo ordenó repetir el proceso.
Pero el tercer juicio también quedó inconcluso porque el Ministerio Fiscal pidió incluir a afectados que no estaban personados en la causa. El cuarto y definitivo juicio comenzó en enero de 1995. La sentencia fue polémica porque absolvía a los dos condenados en el juicio anterior, con el agravante de que no fue una decisión unánime. El presidente de la sala, Juan Luis de la Rúa, era partidario de condenar a uno de los acusados.
Las asociaciones de afectados comenzaron a negociar una solución política. Mientras, llegan a través de decretos miles de millones de pesetas en indemnizaciones. En 1997, quince años después de la pantanada, el Tribunal Supremo condena al Estado a indemnizar a los afectados. Pero no a todos. Como en la mayoría de estos procesos judiciales, hubo damnificados que quedaron fuera.
28 de ellos acudieron incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente rechazó la demanda. Todavía están esperando.
