La reunión del pleno del Consell aprobó ayer el reglamento para la adjudicación de viviendas de protección oficial. Según el titular de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, se pretende establecer las reglas por las que se otorgarán este tipo de viviendas.
A partir de ahora, y según el decreto, las adjudicaciones se realizarán siempre por un sorteo público, tanto como si las construye un promotor privado o público. El conseller anunció un sistema para combatir el mercado negro en las compraventas de VPO. González Pons resaltó que se había detectado que propietarios de este tipo de viviendas las revendían al cabo de un tiempo a otras personas que no tenían derecho a ello.
Territorio, cuando vaya a producirse una compraventa de estas características, exigirá un documento, que expedirá la propia administración con una validez de seis meses, en la que se certificará que el comprador tiene derecho a acceder a este tipo de viviendas. El notario tendrá la obligación de solicitarlo en el momento de la firma del contrato.
El requisito para poder acceder a una vivienda de protección pública será tener unos ingresos inferiores a 43.600 euros anuales, y se prevé que beneficie a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, víctimas de la violencia de género y del terrorismo y a los colectivos socialmente más desfavorecidos.
Rehabilitar 30.000 viviendas
El Consell también aprobó el reglamento de rehabilitación de edificios. Según González Pons se trata de consolidar los cascos urbanos sin necesidad de ampliar la superficie ocupada por viviendas, “lo que también contribuye al cambio climático”.
La reunión del Consell también sirvió para poner en marcha el programa Rehabilitar, que se desarrollará entre 2007 y 2011, pretende mejorar las condiciones de los edificios y viviendas pertenecientes al parque público de la Generalitat, tal y como se comprometió recientemente el portavoz del Consell.
La Generalitat tiene en propiedad 20.000 inmuebles en 115 municipios de la Comunitat en la que residen familias con escasos recursos económicos (a veces el alquiler es de 50 euros), como el barrio de La Coma en Valencia o las Mil Viviendas en Alicante.
Con este programa se invertirán 130 millones de euros que permitirán mejorar 34.000 inmuebles. Se actuará 290 grupos de viviendas públicas y beneficiará a 128.000 ciudadanos. Estas familias reciben unas bonificaciones entre el 50 y el 90% del precio del alquiler. La intervención se priorizará en tres niveles: la actuación sobre la estructura será preferente, el segundo nivel será la accesibilidad y el tercero se refiere a las instalaciones.
Los PAI en Internet
Territorio ha emitido una orden por la que se regula la inserción en Internet, por ayuntamientos y Generalitat, de información relativa a los programas urbanísticos.
Entre la documentación que deberá insertarse en la página web de Ayuntamiento y Generalitat, se encuentran los actos y documentos que conforman el procedimiento. El plazo general que se fija para la inserción de los diversos documentos, acuerdos y actas en la página web de ayuntamientos y de la Generalitat es de cinco días, plazo preciso para cumplir con la obligación de información que requiere la tramitación de programas y proyectos de reparcelación.
