Dos juezas de instrucción intentaron ayer sin éxito registrar el palacio del Elíseo en el marco de una investigación sobre la muerte en extrañas circunstancias de un magistrado francés hace doce años en Yibuti, país que alberga la principal base militar gala en África. La jefatura del Estado invocó la inmunidad presidencial establecida por la Constitución para impedir la irrupción judicial en su sede, por primera vez en el medio siglo de existencia de la V República y a sólo cuatro días de la segunda vuelta electoral que marcará el final del mandato de Jacques Chirac.
Las juezas Fabienne Pous y Michèle Ganascia se presentaron, acompañadas por colaboradores, en las puertas del Elíseo hacia las diez y cuarto de la mañana cuando comenzaba en sus salones uno de los últimos Consejos de Ministros del actual Gobierno de centro-derecha. Un cordón de una veintena de gendarmes les impidió durante hora y media el acceso a los locales del gabinete de asuntos africanos que pretendían registrar con ayuda de policías expertos en informática.
Las magistradas investigan desde el año pasado presuntas presiones ejercidas sobre la justicia en el caso de la muerte del juez Bernard Borrel, cuyo cadáver fue encontrado semicalcinado en Yibuti en octubre de 1995.
Asesinato
La investigación francesa se orienta hacia la hipótesis de un asesinato político por orden del poder local mientras que las autoridades del país africano concluyeron que se trataba de un suicidio y archivaron el asunto. Muy sensible diplomáticamente, el caso cobró un sesgo inesperado en enero de 2005 cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores francés anunció que una copia del sumario iba as ser transmitida a Yibuti sin el conocimiento ni el acuerdo de la jueza instructora. Elisabeth Borrel, viuda del juez, decidió entonces querellarse por presiones sobre la justicia, pleito que enmarca la frustrada tentativa de registrar el Elíseo. Según los abogados de la acusación particular, testigos del intento, una de las magistradas llegó a ser empujada por un gendarme. “No querían visitar el despacho del presidente, sólo registrar la célula africana. Es absolutamente inadmisible que en una democracia como la nuestra se impida a los jueces hacer su trabajo”, protestaron.
En el mismo caso, las magistradas ya registraron en vísperas de la primera vuelta de las presidenciales los ministerios de Exteriores y Justicia, donde se incautaron de numerosos documentos. La Gendarmería se negó a secundarlas so pretexto del contexto electoral y tuvieron que recurrir a los servicios de la Policía Judicial.
