Rita Barberá, aprovechando un acto político en Valencia, reivindicó ayer los derechos municipales sobre la futura marina al considerar que la dársena ha pasado de ser una parte del recinto portuario comercial a convertirse en el barrio más próximo al mar de Valencia.
Barberá replicó así a las declaraciones del ministro Jordi Sevilla, quien negaba el sábado los derechos del Ayuntamiento sobre la futura marina que se creará en el puerto deportivo una vez termine la Copa América. Sevilla dijo que la corporación municipal era propietaria de tres tinglados y “de nada más”, mientras que el resto pertenecía a la Autoridad Portuaria, y por tanto, a Puertos del Estado.
“Yo defiendo los intereses de los valencianos frente a este Gobierno que quiere patrimonializarlo todo. Sobre la marina tienen que decidir la Autoridad Portuaria (APV), la Generalitat y el Ayuntamiento. Faltaría más que se quisieran apropiar de la capacidad de decisión de un barrio nuevo que ha surgido en la ciudad y que es un barrio urbano aunque sea un puerto lúdico”, declaró la primera edil.
Informe sobre la propiedad
La polémica es reciente. El viernes se dio a conocer un informe de la Autoridad Portuaria respecto al conflicto de propiedad sobre la dársena, y por tanto, sobre la futura marina del puerto. En el informe se apuntaba que el Ayuntamiento es propietario de tres tinglados y tiene derechos sobre el resto de la dársena.
Este informe se solicitó días después de que Sevilla anunciase en Madrid su intención de crear una sociedad estatal para la gestión de la futura marina, excluyendo a la Generalitat y el Ayuntamiento en la toma de decisiones del nuevo espacio lúdico de la ciudad. Si esta sociedad prosperara, supondría la desaparición del Consorcio Valencia 2007, entidad encargada de las obras del puerto y participada por el Gobierno (50%), la Generalitat (25%) y Ayuntamiento (25%).
“El Ayuntamiento tiene la propiedad registrada de los tres tinglados y tiene un derecho sobre los 237.000 metros cuadrados de la antigua dársena que hoy, después de la desafectación y de la declaración de innecesariedad, son bienes patrimoniales de la Autoridad Portuaria”, explicó.
La alcaldesa dijo que las decisiones sobre ese suelo corresponden “exclusivamente” al consejo de administración de la APV “como consecuencia de un convenio con el puerto, de una serie de decretos del Ministerio de Fomento y de un acuerdo del Consejo de Ministros”. Estos procedimientos administrativos se produjeron cuando el Ayuntamiento pretendía ejecutar el proyecto de Balcón al Mar, desechado con la llegada de la Copa América.
Barberá instó a Sevilla, máximo representante del Gobierno en el Consorcio, a no “manipular” el informe de la Autoridad Portuaria.
Ese documento deja claro que la dársena es un bien patrimonial de la Autoridad Portuaria, que depende de puertos del Estado aunque es una institución independiente en la que también participa la Generalitat. Que el poder de decisión corresponda a la APV dificultará la creación de la sociedad estatal que pretende el ministro.
“Lo que tiene que hacer Sevilla es cumplir la ley y no ceder a las tentaciones totalitarias de un Gobierno que, con su posición, evidencia que no defiende los derechos de los valencianos”, comentó la alcaldesa. Barberá exigió también a Sevilla que “pida perdón y reconozca que se ha equivocado al creer que los terrenos eran del Estado”.
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