l. de c.
Acabar con el paro y la temporalidad ha sido uno de los principales objetivos del brazo legislativo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a lo largo de este curso. Sin embargo entre las asignaturas pendientes todavía se encuentran otras dos preocupaciones importantes para la empresa y la población española en general: la movilidad y el riesgo laboral.
Según la Encuesta de Movilidad Laboral 2006 elaborada por Pricewaterhouse Coopers para la Comisión Europea, sólo el 15% de los empleados españoles puede incluir en sus expedientes experiencias de movilidad regional o nacional, lo que nos coloca como el país más «inmóvil» después de los italianos. Las razones según esta encuesta: los diferentes sistemas fiscales, legislaciones laborales y salarios, al margen de una cultura poco dada al desplazamiento incluso interregional de trabajadores.
Otro dato que tampoco es muy halagüeño es el índice de siniestralidad laboral que aumentó en un 1,3% según el avance informativo fechado entre octubre 2005 y septiembre 2006 del Insituto Nacional de Seguridad e Higiene (INSH). Este estudio, revela que si bien disminuyó el número de accidentes mortales (1,3%) aumentó el de aquéllos de carácter grave. En total, 202.894 afectados —4.403 leves, 118 graves y 10 mortales— que, según sindicatos, podría aumentar tras la entrada en vigor de la Reforma laboral.
Por esta razón, ayer y a instancias de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, se reivindicó la necesidad de actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) aprobada hace cinco años y pese la cual, según Eurostat, seguimos siendo uno de los países con mayor índice de siniestralidad.
