El reciente Informe 2006 de la Coordinadora de ONGs constata que más de la mitad de los fondos que reciben las ONG son ya privados- algo más de 300 millones de euros anuales- distribuidos entre algo más de 400.000 donantes y 15.000 empresas. La cooperación solidaria en nuestro Estado denota así signos de madurez. No obstante, se denota cierta inconsistencia en la motivación de la ayuda – la mala conciencia- y en el seguimiento que se hace de ella. Sin embargo, incluso los propios responsables de ONGs coinciden en confirmar los bajos niveles de exigencia a la hora de pedir transparencia y rendición de cuentas a las ONGs y menos aún de los resultados y el impacto de su actuación.
En nuestro país existen distintos mecanismos de control tanto públicos como privados, pasando por los propios de las ONGs, que deben ser utilizados o están en disposición de ser utilizados:
1.Organismos Públicos: Registro de Asociaciones, Protectorado de Fundaciones, Agencia Española de Cooperación Internacional, Organismos de la Unión Europea, Gobiernos autónomos, Ayuntamientos y Diputaciones.
2. Organismos Privados: Empresas habitualmente donantes, Organizaciones de Control como la Fundación Lealtad, Project Sphere, Charity Aid Foundaticon, Global Reporting Initiative, Humanitarian Accountability Project o Accountability 21.
3. Desde las propias ONGs: Patronato, Junta Directiva, Socios donantes y colaboradores, voluntarios, beneficiarios, coordinadoras y plataformas de autorregulación que actúan de interlocutores con la Agencia Española de Cooperación Internacional.
4. Auditores Externos tanto de Cuentas como de Gestión. ¿Es suficiente con que las ONGs cumplan estrictamente la legislación”? Posiblemente no. Lo que se comienza a exigir cada vez con mayor intensidad es que el dinero recibido por las ONGs se utilice de un modo eficaz, económico y eficiente, además de cumplir con la legalidad. Como sucede con otro tipo de organismos, la auditoría externa se presenta como el instrumento más adecuado. Auditar en definitiva, significa comparar con un modelo y comprobar si lo realizado se ajusta a ese patrón. En lo que hace referencia a las cuentas, existe un modelo claro, bien definido al cual ceñirse: el Plan de Cuentas, con unos principios contables claros y unas definiciones, relaciones y estados contables igualmente bien definidos. No obstante ello, cuando hablamos de auditar la gestión la cuestión no está tan clara. La definición más próxima la encontramos en los conceptos de auditoría del sector público. Las auditorías en el sector público se clasifican en auditorías de regularidad y auditorías operativas. Las auditorías de regularidad incluyen las auditorías financieras o contables y las auditorías de cumplimiento o legalidad, tratando éstas últimas de verificar que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado de acuerdo con las disposiciones de aplicación.
En cuanto a las auditorías operativas, tienen como objetivo proporcionar una valoración independiente de las operaciones, programas y actividades con el fin de evaluar el nivel de eficacia, eficiencia y economía alcanzados en la utilización de los recursos disponibles, detectar sus posibles deficiencias y proponer las sugerencias de mejora en orden a su corrección.
Al examinar la eficacia, la economía y la eficiencia no sólo se trata de evaluar el grado de consecución de los objetivos – la eficacia de las actuaciones- sino que trata también de determinar si la entidad está adquiriendo, manteniendo y empleando sus recursos de forma económica y eficiente (si sigue procedimientos de contratación adecuados, si la cantidad de recursos adquiridos y utilizados es proporcionada, si se evitan duplicidades o tareas inútiles, si se evita la ociosidad de los recursos humanos o su sobredimensionamiento, si se emplean los recursos óptimos para realizar sus actividades, si existen controles internos, etcétera).
La auditoría externa aparece así como aval independiente de la gestión y garantiza la fiabilidad de la información sobre el buen uso de los recursos de las ONGs. Al margen de que en determinados casos exista la obligación de auditar las cuentas de las entidades que reciben ayudas públicas, apostar de manera decidida por la auditoría externa no parece que sea una mala opción, especialmente para aquellas ONGs interesadas en presentar una imagen de transparencia de sus resultados y del impacto de su actuación.
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