ETA ha iniciado una nueva campaña de extorsión a empresarios vascos con el envío a lo largo de las últimas semanas de una remesa de cartas en las que exige el pago del denominado impuesto revolucionario. Según ha podido saber El Correo, las misivas mantienen el tono que la banda comenzó a utilizar poco después de que decretase su alto el fuego hace un año, en las que exigía una “aportación” voluntaria y evitaba los términos más agresivos de anteriores mensajes. Las fuentes consultadas han señalado que las cartas exigen el pago de cantidades que oscilan entre los 60.000 y los 70.000 euros e incluyen el anagrama de la banda así como el resto de elementos empleados para autentificar el envío.
El número de misivas remitidas se desconoce aunque las mismas fuentes han destacado que podrían ser “bastantes”. Por el momento, la Ertzaintza ha recibido un número reducido de denuncias de empresarios a los que han llegado este tipo de cartas de extorsión.
En medios policiales se especula con la posibilidad de que gran parte de los industriales que han podido sufrir este chantaje estén optando por no denunciarlo o se hayan limitado a comunicarlo a sus respectivas patronales territoriales.
Como en las últimas cartas detectadas el pasado año, la banda exige el dinero como una contribución “para el proceso de liberación y construcción nacional” y finalizan su texto con un “respetuoso y cálido abrazo revolucionario”. Las misivas están escritas en euskera y castellano.
Atentado de la T-4
Para los responsables de la lucha antiterrorista no ha supuesto ninguna sorpresa la aparición de esta nueva remesa. Los expertos ya valoraban que ETA era consciente de que el atentado de fin de año en Barajas podría amedrentar a empresarios que tras el cese de la violencia habían decidido no pagar, al entender que no iban a sufrir ningún tipo de ataque mientras la banda mantuviera su tregua. La organización terrorista, en este sentido, buscaría rentabilizar la vuelta a las armas que supuso el atentado de la T-4 con respecto al cobro del chantaje.
Sin embargo, los expertos antiterroristas también preveían una vuelta al chantaje ante el mal estado en que, según todos los cálculos, se encuentran las finanzas de la organización.
Estas fuentes han destacado que la banda ya inició el alto el fuego de marzo de 2006 con sus cuentas en números rojos. Pese a que el cese de los atentados supone una reducción de los gastos en ETA, mantener las estructuras de la clandestinidad implica un importante desembolso en cuestiones como el alquiler de pisos –que los activistas cambian constantemente por motivos de seguridad–. Esta debilidad económica de la organización llevó a algunos mandos a barajar la posibilidad de que el robo de pistolas cometido por un comando en la localidad francesa de Vauvert en octubre del año pasado tuviera como objetivo final vender las armas en el mercado negro para sanear sus arcas. Esta posibilidad, sin embargo, ha quedado descartada.
La banda no ha dejado de reclamar el pago del ‘impuesto revolucionario’ desde su alto el fuego de marzo del año pasado. En julio de 2006 la patronal navarra ya comenzó a denunciar que estaban llegando este tipo de misivas.
Un mes antes, en junio, el Cuerpo Nacional de Policía y las fuerzas de seguridad galas habían desmantelado la red más antigua de ETA en el entramado de la extorsión. Según la acusación realizada en su día por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, el presunto miembro de la banda Joseba Imanol Elosúa dirigía esta trama desde el bar ‘El Faisán’ de Irún y se encargaba tanto de recaudar el dinero mediante intermediarios como de enviar las cartas a las víctimas de la organización. Dentro de las investigaciones abiertas por el magistrado fue procesado también el dirigente del PNV Gorka Agirre.
En octubre del año pasado la banda volvió a enviar una remesa de cartas de extorsión a empresarios vascos y navarros. La patronal vasca, Confebask, ha mantenido silencio sobre las misivas de la banda y en ocasiones ha llegando a afirmar de manera tajante que no existían.
En noviembre del pasado año, sin embargo, el presidente de los empresarios vasco, Miguel Lazpiur, reconoció por primera vez la existencia de este chantaje cuando, al ser preguntado por las cartas de extorsión, respondió de manera escueta: “puede haberlas”.
