El Partido Popular desplegó un fuerte dispositivo de seguridad, formado por más de 700 militantes, miembros de Nuevas Generaciones y voluntarios de otras comunidades, para evitar que grupos ultraderechistas se aprovecharan de la manifestación y la convirtiesen en una plataforma para difundir sus lemas y símbolos. El operativo, que incluyó cercar con vallas más de un kilómetro de calles, dio resultado: apenas sí ondearon banderas preconstitucionales y los radicales no se hicieron visibles como había ocurrido en otras recientes convocatorias en contra de la política antiterrorista del Gobierno.
El PP admitió haber puesto especial “cuidado” en alejar a estos grupos antisistema de la convocatoria. Desde una hora antes de que comenzara la movilización, jóvenes de la organización apostados junto a los accesos a la Plaza de Colón –donde Rajoy leyó el discurso final– vigilaron las calles adyacentes para que ningún manifestante accediera al lugar con símbolos o pancartas de corte ultra.
En caso de detectar algún emblema indeseado, la organización había dado instrucciones taxativas de acercarse a sus portadores para “informarles” de que el PP no quería que esas divisas ondearan durante el recorrido, por no ser símbolos del partido ni formar parte de la convocatoria. Los jóvenes invitaron a los ultras a adoptar los lemas y símbolos que la dirección quería desplegar: el lazo azul y la bandera de España democrática. Un portavoz de la organización admitió la “dificultad” de controlar a miles de personas y señaló que los jóvenes del dispositivo no eran agentes de la autoridad, por lo que carecían de atribuciones para prohibir a los ciudadanos portar determinadas pancartas.
Ya durante la marcha, los organizadores situaron a numerosos simpatizantes con dispositivos de megafonía para acallar, con la repetición de consignas políticamente correctas los gritos que pudieran interpretarse como ofensivos.
