El pasado jueves, en pleno puente entre las festividades de la Constitución y la Inmaculada, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un controvertido decreto de enseñanzas mínimas para los ciclos de enseñanza Primaria.
Este es el primer paso en el desarrollo reglamentario de la nueva ley educativa, cuya aplicación se iniciará el curso próximo y que ya ha empezado a levantar ampollas.
De entrada hay sectores de padres y profesores que rechazan dos aspectos fundamentales: la situación en la que se ha dejado la asignatura de Religión y la imposición de una nueva materia llamada Educación para la Ciudadanía, a costa de reducir horas de aprendizaje de asignaturas básicas como es Lengua y Literatura Castellana.
La Religión será una asignatura de oferta obligada por los centros escolares pero optativa para los alumnos. No tendrá validez académica y, además, no habrá una asignatura alternativa para quienes quieran estudiar religión católica.
En este punto ha surgido la primera discrepancia ya que prácticamente nadie ha quedado satisfecho con el resultado.
Los padres de la enseñanza público porque la asignatura se seguirá impartiendo en los centros escolares y vienen reclamando su exclusión de la escuela. Lo padres católicos porque no se respeta la asignatura según los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Los profesores de Religión tampoco están contentos porque ven amenazada su estabilidad laboral.
Acciones contra el decreto
La Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de la Comunitat Valenciana señalaron que la próxima semana se tomarán decisiones respecto a la posibilidad de llevar a cabo actos de protesta.
El otro tema objeto de controversia es la imposición de una nueva asignatura llamada Educación para la Ciudadanía.
Además del recorte de carga lectiva de otras materias para hacer encajar ésta en el currículum escolar, los sectores católicos consideran que se busca el “adoctrimaniento” de los jóvenes.
Con este argumento, padres, foros de familia, profesores, alumnos y entidades educativas van a pedir que se haga objeción de conciencia ante la nueva asignatura. Para ello, se ha creado la Plataforma por la Libertad de Conciencia, integrada por numerosas organizaciones.
Al debate no ha permanecido ajeno el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, quien respaldó a los padres señalando que no se puede “educar” dejando “al margen a Dios”.
Pero junto a estas cuestiones, el nuevo decreto que regula las enseñanzas mínimas que se deben impartir en la etapa de Primaria regula las horas lectivas que se han de dar de cada asignatura.
Sólo dos materias salen reforzadas: Matemáticas y Lengua Extranjera, con 45 horas más de enseñanza. Frente a ellas, Lengua y Literatura Castellana, sale mal parada ya que se impartirán 25 horas menos de las que hasta ahora se viene dando.
A las comunidades autónomas les queda ahora la tarea de reajustar la carga lectiva de las diferentes asignaturas. En el caso de las que tienen lengua cooficial, como ocurre en la Comunitat Valenciana, tendrá un 10% del total del horario escolar para la asignatura de valenciano.
Pero tampoco en todas las autonomías hay unanimidad respecto a la aplicación de la nueva legislación escolar.
Las comunidades gobernandas por el PP, como es el caso de la valenciana, están preparando su propia propuesta de mínimos. La finalidad es que los escolares de cualquier parte de España “tengan los mismos conocimientos básicos y evitar que haya 17 sistema escolares diferentes”, según dejaron claro los responsables políticos cuando se conoció la reforma educativa.
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