Vecinos de Montserrat, satisfechos porque Territorio rechaza legalizar parte de la cantera
Afirman que la Conselleria ‘‘legitima’’ sus viviendas y todas sus reivindicaciones
Tras la sentencia que declaraba ilegal parte de la cantera de Montserrat ahora el Consell le ha dado también la razón a los vecinos de les Canyaes al no concederle la Declaración de Interés Comunitario. Los residentes se muestran satisfechos y acusan al alcaldes por un ‘‘presunto delito de prevaricación’’.
Los vecinos de les Canyaes de Montserrat han mostrado su satisfacción ante el pronunciamiento de la Conselleria de Territorio al negar la Declaración de Interés Comunitario (DIC) para parte de las instalaciones de la cantera de Aricemex, concretamente a la hormigonera y la trituradora. La justicia ya calificó su actividad como ‘‘ilegal’’ hace unas semanas y obligaba al Ayuntamiento de Montserrat a clausurar estas instalaciones.
La asociación de vecinos lamenta que desde hace 15 años han tenido que soportar, ‘‘ante la permisividad del Ayuntamiento, ruidos, pesadillas y polvo’’.
De la resolución de Territorio y del Síndic de Greuges, el colectivo destaca la ‘‘inviolabilidad de sus viviendas de les Canyaes, lo que legitima la legalidad de las casas y de las reclamaciones más que justificadas’’.
También denuncian las ‘‘artimañas del alcalde de Montserrat, quien trata de reclasificar los terrenos de protección paisajística donde se ubica la trituradora y la hormigonera para seguir favoreciendo a la mano que le da de comer. Modificar el PGOU para favorecer a la empresa puede interpretarse como un presunto delito de prevaricación, un abuso de poder que le da esa mayoría absoluta y una burla a la justicia’’, añadió el secretario de la Asociación de Vecinos de les Canyaes, Juan José Rodríguez.
Rodríguez quiso hacer pública la ‘‘sensibilidad’’ del alcalde de Real de Montroi por haber presentado alegaciones ‘‘para solicitar el cierre de estas actividades ilegales’’.
El alcalde de Montserrat, Josep Maria Mas, manifestó a LAS PROVINCIAS que aún no conocía la resolución de la Conselleria de Territorio sobre la denegación de la DIC.
Pero Mas sí que anunció, respecto a la sentencia en la que el TSJ obliga a la mercantil a cerrar la cementera, trituradora y otras dependencias auxiliares, que cuando reciba la orden de ejecución ‘‘clausuraré estas instalaciones, aunque creo que la empresa ya ha cerrado la hormigonera’’.
Mas dijo que acata la sentencia pero que no está de acuerdo con algún aspecto ‘‘muy importante, ya que el juez, por un recurso indirecto, nos ha cambiado parte del PGOU, algo que creemos es de competencia municipal’’.
Por ello ‘‘hemos presentado un escrito al juez y acudiremos al amparo del Tribunal Constitucional porque esta sentencia es lesiva para los intereses municipales’’.
Desde la empresa Aricemex no se quiso hacer ayer ninguna valoración de este nuevo pronunciamiento en contra de su actividad.
