Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, advierte de los retos que suponen para el sistema de bienestar el progresivo envejecimiento demográfico y la evolución del mercado laboral y propone un cambio de orientación del gasto social. Para este especialista, la cobertura universal de algunos servicios tiene un coste que está desigualmente repartido. Así mientras hay colectivos con sus necesidades cubiertas por ley, luego hay otros, como los jóvenes que acceden a su puesto laboral, a los que se les condena a sueldos bajos y se les obstaculiza el acceso a la vivienda.
El economista de Mérito del Col.legi d´Economistes de Catalunya abordó esta semana en el colegio de economistas de Valencia los retos de futuro en la financiación del gasto social y alertó de los desequilibrios y problemas de coordinación.
La irrupción de la inmigración como factor determinante en la evolución de la demografía y su influencia en el mercado de trabajo tiene para López Casasnovas un doble efecto, que no parece tenerse muy en cuenta en las políticas sociales que se vienen aplicando. Por un lado, la inmigración supone un importante componente de mano de obra que está ayudando al desarrollo económico español, cubre vacantes que no atienden los trabajadores nacionales y sostiene el sistema social con sus aportaciones. Pero por otra parte, la necesidad de atender las necesidades de este colectivo aumenta el gasto social presente y condiciona el de dentro de unos años. En realidad, “la inmigración anticipa recursos a cambio de gastos futuros”, advierte López Casasnovas que se muestra categórico: “No podemos coger el dinero de la inmigración y olvidar las cargas que genera”.
El problema parece no preocupar a los gestores de las diferentes administraciones en su visión a corto plazo, pero parece obligación de los estudiosos y analistas advertir de que la situación a largo tendrá consecuencias. Ante este panorama sólo se plantean dos opciones: aumentar la presión fiscal o revisar el gasto. Como parece que ningún partido político, con la excepción de Izquierda Unida, defiende un aumento de impuestos, sólo queda la alternativa de una redistribución del gasto social.
Además el envejecimiento relativo de la población española requiere revisar algunos de los enfoques de la política social actual para adecuarlos a las nuevas circunstancias y evitar los actuales problemas de eficiencia y efectividad del gasto.
La audaz propuesta de López Casasnovas señala que no se debe mantener la inercia conceptual del reparto del gasto y conviene cuestionarse algunos el actual sistema de redistribución de la riqueza. Por ejemplo, señala que en el ámbito de los jubilados sería lógico aumentar la pensión mínima y retirar algunos privilegios que alcanzan a todo el colectivo, como el pago de medicamentos. Por el contrario habría que atender más al colectivo de jóvenes que llegan a su primer trabajo. Las lamentaciones sobre las dificultades de este colectivo por encontrar un empleo digno y una posibilidad de emancipación familiar son recurrentes, pero las acciones para ayudarles son poco efectivas. “El fenómeno de los mileuristas y la precariedad laboral impide que los recursos se movilizen”, advierte. La tardía emancipación retrasa la incorporación a la masa de activos contribyuentes y genera más necesidades sociales, como las que conllevan la proliferación de familias monoparentales . “Para romper ese círculo vicioso que retroalienta el problema a futuro tendría que haber una política de segundos avales que permitiera a los jóvenes el acceso a un alquiler de una vivienda”, propone como ejemplo.
López Casasnovas plantea la necesidad de un nuevo contrato social intergeneracional para que no se posterge el problema. Otra de las medidas posibles en este nuevo enfoque sería condicionar la evolución de las pensiones a los salarios, “porque no se puede estar aumentando el gasto en pensiones esquilmando a la población activa”
