Regantes valencianos del Júcar demandan al Gobierno por incumplir el convenio de Alarcón
El compromiso oficial de julio de 2001 es dar prioridad a los riegos tradicionales, cuando se está favoreciendo a los de Castilla-La Mancha
La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), que agrupa a las comunidades de regantes tradicionales de Valencia que riegan de dicho río y a la empresa Iberdrola, tienen plateada una demanda contencioso-administrativa contra el Gobierno, al que acusan de incumplir el convenio de Alarcón y le piden indemnizaciones.
El embalse de Alarcón, que está en la provincia de Cuenca es propiedad de los usuarios valencianos del Júcar, que pagaron su construcción cuando, desde hacía siglos, no había otros usos sobre el río que los riegos tradicionales de la comarca de la Ribera. El Tribunal Supremo les dio la razón, pero el Gobierno central no lo reconoció hasta el 23 de julio de 2001, cuando se firmó el llamado Convenio de Alarcón en la iglesia parroquial de este pueblo conquense.
El convenio reconoce la propiedad del embalse en favor de los regantes valencianos, pero al mismo tiempo estos ceden el uso, de manera indefinida, al Estado, que a la vez se comprometió a dos cosas: costear las obras de modernización de los regadíos de las viejas acequias valencianas y darles prioridad sobre otras demandas a la hora de repartir los caudales del río regulados en el embalse.
Esta prioridad, sellada por el entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y por los entonces presidentes de los gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana y de Castilla-La Mancha, Eduardo Zaplana y José Bono, se materializó de forma que cada mes ha de haber, como mínimo, una determinada cantidad de agua a disposición de los regantes tradicionales. Por debajo de ese umbral no se pueden atender otras demandas.
Sin embargo, el convenio se viene incumpliendo desde pocos meses después de firmarse, y los regantes valencianos han optado por plantear una demanda al Gobierno en reclamación de que cumpla o que indemnice.
La cantidad mínima establecida para el mes de noviembre es de 287 hectómetros cúbicos de agua. Por debajo de eso no debería servirse ningún caudal de Alarcón a ninguna entidad fuera de las beneficiarias de las garantías mínimas. En cambio, el embalse está al 4%, con poco más de 50 hectómetros cúbicos, y se siguen atendiendo demandas manchegas, mientras que las autoridades hidrológicas ya han anunciado a los regantes valencianos que no van a tener ni gota del río; a lo sumo, algún riego de socorro para que no muera el arbolado.
Una reiterada discriminación
Al principio del incumplimiento, la Administración central argumentaba que esa reserva de agua en favor de Valencia debía entenderse como la suma de los embalses de Alarcón, Contreras y Tous, no sólo del primero, y entonces aún se libraba el Gobierno, porque algunos meses, con esa suma, que también es discutible, podía sobrar algún hectómetro.
No obstante, ahora no hay discusión que valga. La suma de los tres embalses da poco más de un centenar de hectómetros, mucho menos de la mitad de lo establecido. Y ahora, el Gobierno dice que sólo se está cogiendo agua para dar de beber a poblaciones, no para regar.
Ambas cosas son también discutidas desde USUJ, porque si bien no se da agua directamente del río para riegos manchegos, los pozos que allí drenan el acuífero están captando las filtraciones del río, y por tanto disminuyen las aportaciones del Júcar que puedan llegar a utilizarse aguas abajo. Y en cuanto a los suministros de agua urbana, USUJ está de acuerdo en que son usos preferentes, pero en todo caso deberían ser indemnizados los usuarios a los que se les priva del caudal al que tienen derecho. Los tribunales dirán.
