Prefiero no pensar en la cantidad de cámaras que nos vigilan durante nuestros paseos urbanos porque mi neurosis se me puede disparar y no quiero terminar encerrado en mi palocueva como un Howard Hugues menesteroso o un monje Shaolin hibernando mientras reflexiona sobre los secretos del kung-fu. Vivir bajo el control de las videocámaras se me antoja siniestro porque alguien de rostro anónimo te observa sin que seas consciente de ello, lo cual nos reduce al estado de animalitos de laboratorio.
Sin embargo, parece que la mayor parte de la gente encuestada se muestra favorable a este gran ojo dominador, alegando que “si no tienes nada que ocultar, qué importa que te vigilen.” Pues sí me importa, y mucho, porque desde pequeño me fastidia sobremanera que se introduzcan en mi intimidad sin avisar. Por otra parte, ni soy delincuente ni aprovecho mis ratos de ocio para delinquir, ahora bien, por supuesto que oculto un montón de cosas y un par de cadáveres (es un decir) en el armario. Las videocámaras no son el remedio milagroso contra la delincuencia que nos invade, ni mucho menos. A los manguis se les combate con más policía, y dotando además a los cuerpos de seguridad con los medios oportunos. Pero el verdadero ariete para sacudirnos eficazmente a todos los violentos moscardones que han aterrizado en nuestras ciudades viene con un código penal donde se endurezcan las penas, procurando además que se cumplan íntegramente. Ahí les duele. No sirve de nada atrapar a los malandrines si estos salen en un pispas a la calle porque nuestras leyes son de un tonto superlativo. Los broncos criminales especializados en machacar inocentes y saquear haciendas vienen atraídos por el paraíso legal que les mima. En esto también funciona el efecto llamada.