Diario Las Provincias

La Oficina del Defensor del Pueblo ha desestimado las quejas presentadas hace poco más de un año por las plataformas en contra de la alta tensión acerca de la actuación de la Conselleria de Territorio en la instalación de línea eléctrica.

En septiembre de 2005, varios representantes de las plataformas contra el tendido eléctrico viajaron a Madrid para presentarle al adjunto del Defensor del Pueblo, Manuel Ángel Aguilar, sus quejas contra la línea de alta tensión proyectada entre Castelló de la Ribera y Gandia.

Ahora el Defensor del Pueblo, una vez analizadas las quejas de los movimientos contra la alta tensión, ha determinado que la actuación de la administración pública ha sido correcta en todo momento.

De hecho, su respuesta va más allá y asegura que la Conselleria de Territorio ha realizado más trámites de los que estrictamente se le reclama, llevando a cabo reuniones con todas las partes aun cuando la ley no lo exige.

Para el adjunto del Defensor del Pueblo, el hecho de que prácticamente todos los pleitos “hayan terminado con resoluciones contrarias a las pretensiones municipales, incluso con condena en costas, es indicio muy claro de la regularidad en la actuación de la Administración autonómica, no sólo en el jurídico sino también en el aspecto gestor y de oportunidad o de exigencias de la buena administración”, asegura Aguilar en su escrito.

Periodo de alegaciones
El documento critica la actuación de los ayuntamientos afectados por el trazado y de las plataformas en contra de la alta tensión al decir que parece “imposible que asista la razón a entidades locales que una y otra vez obstaculizan la realización de obras legítimas con métodos y vías que han sido corregidos por el poder judicial”.

Por último, Aguilar anuncia el inicio de un periodo de alegaciones para los reclamantes durante un mes “antes de dictar resolución definitiva”.

Aunque la decisión del Defensor del Pueblo no es resolutiva sino simplemente orientativa, este documento da un impulso más a la ejecución de la línea de alta tensión, a la que se oponen con firmeza varias agrupaciones de la Valldigna como la Coordinadora de la Safor-Valldigna contra l’Alta Tensió y la Plataforma Kontra l’Alta Tensió (PKAT), así como asociaciones de las comarcas vecinas de la Ribera y la Costera –Plataforma Cívica de Rafelguaraf y Barxeta– y partidos políticos como Arc Iris y Bloc.

Todos estos colectivos denunciaron hace ahora un año ante Manuel Ángel Aguilar los cambios practicados en el trazado de la línea, que suponen ubicar las torres más cerca del casco urbano de Simat, además de hacer especial hincapié en la afección medioambiental del tendido.

Los representantes entregaron un dossier de 340 páginas acerca del proyecto presentado por la empresa Iberdrola. Esa documentación incluía información detallada de los cambios producidos en el recorrido de la línea, los planteamientos jurídicos fundamentados del abogado de la Coordinadora, las alegaciones al trazado a su paso por la Valldigna y un resumen de prensa desde que comenzó el litigio en 2001 hasta la actualidad para explicar la evolución del proyecto.

Investigación medioambiental
Con esa información en la mano, y según fuentes de la Coordinadora, el asesor de Medio Ambiente, Carlos Lunas, les comunicó la existencia de indicios que dan pie a comenzar una investigación por parte de la oficina del Defensor del Pueblo.

Finalmente, la investigación ha resultado ser favorable a los trabajos y gestiones llevados a cabo por la compañía hidroeléctrica Iberdrola y la Conselleria de Territorio y Vivienda.

Un aspecto que se obvia en el informe del Defensor del Pueblo es el posible perjuicio para la salud de la alta tensión, un punto que las plataformas contra la línea solicitaron que se investigara a fondo.

No obstante, durante la reunión de hace un año en Madrid, Lunas ya les anunció a los representantes de la Coordinadora que le resultaría complicado investigar este tema por la escasa documentación al respecto.