El próximo mes verá la luz en la Audiencia Provincial de Castellón el juicio de uno de los casos más graves en la Comunitat durante los últimos años por un supuesto delito contra el medio ambiente. El administrador de la empresa catalana Intal SA, C.B.A., se sentará en el banquillo de los acusados, junto a los responsables de las mercantiles de transportes Cotravi y Transportes Moreno, J.A.P. y T. M. C., y dos gestores de varios vertederos, J.R.M. y M.B.C., por facilitar supuestamente el vertido de miles de toneladas de residuos tóxicos en Vila-real, Almassora, Xilxes y Oropesa entre 1993 y 1996, presuntamente en ramblas que desembocan en el río Mijares.
El fiscal les imputa un delito continuado contra el medio ambiente y pide para cada uno de los acusados cinco años de prisión y nueve meses, además de una inhabilitación de tres años, seis meses para ejercer sus respectivas profesiones y arresto de 24 fines de semana.
El Ministerio Público también les imputa un delito continuado de daños, por el que solicita a la jueza dos años y tres meses de prisión.
Según el escrito de la acusación pública, la mercantil Intal SA, dedicada “a la refinería de aluminio, transformando la chatarra en lingotes, contactó con el coacusado J.A.P, socio de la empresa Cotravi, para que trasladara los residuos que generaba su actividad a diversos vertederos localizados en Almassora, Xilxes, Oropesa y Vila-real, a pesar de que la empresa de la que es socio no tenía autorización para el transporte de residuos peligrosos”.
La Fiscalía relata: “Debido a la toxicidad, las sustancias emanadas por los residuos se filtraron de forma que resultaron contaminadas las aguas de un pozo situado en un terreno contiguo al vertedero de M.B.C. en Oropesa”.
Las consecuencias de los supuestos vertidos también fueron latentes en Almassora. En mayo de 2002, la extinta Conselleria de Medio Ambiente descubrió 44.000 toneladas más de residuos tóxicos en la Rambla de la Viuda.
En una primera fase de rehabilitación, la Generalitat sacó a la luz 20.700 toneladas de ese mismo material, por lo que se calcula que la empresa catalana pudo verter entre los años 80 y 90 alrededor de 64.700 toneladas de deshechos.
La limpieza de las zonas afectadas costó 1,4 millones de euros. Según el fiscal, parte del coste ha sido sufragada por las mercantiles de los acusados, aunque la mayor parte corrió a cargo de las arcas públicas de la Generalitat.
