La vuelta a prisión planea sobre Turull

La vuelta a prisión planea sobre Turull

Carme Forcadell, Marta Rovira y Dolors Bassa abandonan su acta tras el debate como gesto al juez de que se desvinculan del ‘procés’

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

El candidato independentista a presidir la Generalitat, Jordi Turull, se enfrenta hoy a una vista en el Tribunal Supremo, donde sobrevolará la posibilidad de que vuelva a entrar en prisión preventiva. Será una vez que el juez instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, le comunique en persona el auto de procesamiento por delitos de rebelión y sedición junto a otros cinco investigados en la causa: los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira.

Precisamente, estas tres últimas anunciaron anoche, tras el fallido debate de investidura, que dejaban su acta como gesto al juez Llarena de que están desvinculadas del ‘procés’.La nueva condición incriminatoria de estos seis investigados, mucho más reforzada y un paso más para sentarse en el banquillo de los acusados, llevó al juez a convocar este miércoles la llamada comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de la vistilla más importante respecto al derecho a la libertad en confrontación con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. En suma, el acto que determinará si la prisión provisional es necesaria para asegurar los diferentes fines del procedimiento penal. Esta es la trascendental decisión que hoy deberá tomar el juez Llarena. Lo hará limitado a las peticiones que hagan en la vistilla las dos partes personadas: la Fiscalía del Tribunal Supremo y la acusación popular del partido Vox. Esta parte pedirá la prisión provisional sin fianza para Turull y sus cinco compañeros, todos ellos diputados en la actual legislatura, mientras que la posición final de la Fiscalía está más abierta.

En primer lugar porque el Ministerio Público no recurrió en diciembre pasado el auto de Llarena en el que decretó la excarcelación de Turull, que ya pasó 32 días en el centro penitenciario madrileño de Estremera por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, primera instructora del ‘procés’. En segundo término porque su posición en el caso del exconsejero Joaquim Forn, reclamando a la Sala de Apelaciones del Supremo su libertad bajo fianza, que fue rechazada por los magistrados, podría sugerir un cambio general de actitud con los investigados para que no entraran en prisión. El hecho más revelador es que, por vez primera, el fiscal general del Estado intervino en el procedimiento e impuso su criterio a su subordinado en el Supremo en el caso de Forn. Sin embargo, su apuesta para que el exconsejero de Interior saliera en libertad bajo fianza de 100.000 euros no tuvo resultado. Tampoco su invocación de última hora de las «razones humanitarias», una enfermedad del investigado, que eran desconocidas por la Sala y no alegadas ni documentadas tampoco por su defensa, como se supo ayer.

Reforzar las cautelares

La solución intermedia es que, pese a que la Fiscalía y Vox apoyen su ingreso en prisión, Llarena deje intactas las medidas cautelares que ya tienen cuatro de estos investigados que hoy pasarán por la vistilla de prisión: comparecencias semanales, retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional. Porque la otra posibilidad es que refuerce las mismas para mitigar los riesgos de reiteración delictiva o de fuga tras notificarles el auto de procesamiento. En este punto, según las fuentes jurídicas consultadas, solo cabe que las comparecencias ante el juzgado más cercano a sus domicilios sean diarias, el control más restrictivo en libertad que se le puede imponer a un encausado. El precedente conocido fue el del empresario chino Gao Ping en la ‘operación Emperador’ cuando se revocó su prisión preventiva.

En el supuesto de que Turull o algunos de los otros cinco investigados acaben mañana en la cárcel podrán recurrir tanto el auto de procesamiento como el auto de prisión. La primera apelación es clave porque deja en manos de la Sala la decisión de suspender o no de sus funciones a los cargos electos mientras estén presos. Una circunstancia que afectaría de lleno a Turull en caso de que mañana sea elegido presidente de la Generalitat en segunda votación.

Precisamente, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal asegura que cuando un auto de procesamiento sea firme y sea decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión. Es decir, además de los acusados por delitos terroristas esta disposición también afecta a los procesados por delitos de rebelión, como ocurre en la causa del ‘procés’, tal y como ha manifestado en sus autos el juez Llarena. Un magistrado que tiene en sus manos el futuro de esta legislatura catalana.

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