Vicent Marzà afirma que tiene «soluciones preparadas» según lo que dicte el TSJ

Vicent Marzà, en una rueda de prensa. / Damián Torres

El conseller de Educación cree que el tribunal debe «aclarar su posición» a pesar de las resoluciones emitidas ya contra el decreto de plurilingüismo

E. P. VALENCIA.

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat, Vicent Marzà, aseguró que el próximo curso 2017-2018 comenzará «con normalidad» y «con todas las garantías» y aseveró que su departamento tiene distintas «soluciones preparadas» en función de si se produce o no algún nuevo pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en relación con el decreto de plurilingüismo. Hasta ahora, desde el Consell se ha negado la posibilidad de aplicar un 'Plan B' ante las resoluciones judiciales que sistemáticamente han cuestionado la aplicación del decreto, que de hecho está actualmente anulado por decisión judicial.

El titular de Educación del gobierno valenciano insistió ayer en lanzar un mensaje de «tranquilidad» a las familias, que «no se verán afectadas por este intento» por parte de la oposición de «generar incertidumbre», según entiende el conseller nacionalista las advertencias del PP de la necesidad de cumplir las resoluciones judiciales que suspenden el decreto.

Marzà afirmó que la administración tiene «distintas acciones preparadas y lo que queda ahora es el que TSJ aclare su posición». En este sentido, recordó que, por una parte, en un auto sobre medidas cautelares ordena a la Generalitat paralizar el decreto plurilingüe y retrotraerse a la normativa anterior (la de 2012, aprobada en época del PP), mientras que en las únicas dos sentencias en las que ha entrado en el fondo no ha anulado todo el decreto sino únicamente la disposición adicional quinta en una de ellas.

Por su parte, la conselleria interpuso recurso en el que defiende la correcta paralización del desarrollo de la norma y argumenta que las medidas cautelares se tendrían que aplican desde el momento en que se notifican y no con efectos retroactivos. Tanto si el tribunal se pronuncia (durante este mes de agosto) dando la razón a la Generalitat como si no, «tenemos soluciones y vías preparadas para que el curso empiece con normalidad».

Marzà recalcó que hay que tener en cuenta que el alumnado afectado es el de tres años, un nivel en el que no hay asignaturas y donde se trabajan fundamentalmente hábitos. No obstante, son muchos los centros que asignan a los profesores de inglés las tareas de aprendizaje para esos escolares de Infantil, un reparto de funciones que se realizó en mayo y junio en función de un decreto que actualmente está anulado.

El conseller reiteró que el decreto es «un instrumento para conseguir un objetivo». Ese objetivo, «que no se ha conseguido hasta ahora, ha recalcado, y que es que los niños sepan castellano, valenciano e inglés, va más allá del decreto. «Nosotros velamos por los niños y niñas, no vamos a entrar en el juego del PP, que aún no se sabe qué alternativa es la que plantean». Los populares reclaman que, en vista de la suspensión del decreto de Marzà, se aplique el de 2012, confeccionado por el anterior Consell.

«Vamos a asegurar el inicio del curso y lo haremos cumpliendo las resoluciones judiciales. Los niños irán al centro en el que están matriculados y no se trasladará a las familias la intención de la oposición de bloquear», aseguró Marzà.

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