Varapalo de la Autoridad Fiscal a las cuentas de la Diputación de Valencia

Jorge Rodríguez, en el centro, en un pleno de la Diputación. / d. torres

Advierte de que incumple su plan de estabilidad y plantea incluso el envío de los 'hombres de negro' para corregir la situación

FERRIOL MOYA

valencia. La Autoridad Fiscal (AIReF), el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la la Ley de Estabilidad Presupuestaria por parte de las Administraciones Públicas, envía en su último informe una seria advertencia a la Diputación de Valencia. En un documento hecho público por este órgano independiente en su página web, se sitúa a la institución provincial como una de las administraciones sobre las que se prevé el incumplimiento del objetivo de estabilidad «establecido en el Plan Económico Financiero al cierre de 2017, con una capacidad cercana al 50% de la exigida, aumentando el incumplimiento previsto en el mes de abril».

La Autoridad Fiscal explica en su informe que la corporación que dirige Jorge Rodríguez aprobó un PEF para 2016 y 2017 tras incumplir la regla de gasto en 2015. Pero el incumplimiento de ese plan es el que provoca que el organismo que dirige José Luis Escrivá recomiende la «adopción de medidas del artículo 25 de la LOEPSF -Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera-».

El artículo 25 de esa ley es el que, bajo el epígrafe de 'medidas coercitivas' prevé, en la práctica, la posibilidad real de que el ministerio de Hacienda intervenga las cuentas de la administración pública afectada -en este caso, la Diputación de Valencia-. El citado apartado prevé, en caso de «incumplimiento del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio», la aprobación por parte de la administración pública afectada en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, de un acuerdo de «no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido». Dicho acuerdo deberá detallar las «medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido». Se trata, en la práctica, de un cierre por adelantado de la capacidad de gasto de la institución.

Pero no es el supuesto más grave. El mismo artículo alude a la posibilidad de constituir, cuando se solicite por el Ministerio, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su Producto Interior Bruto nominal». La Diputación tiene presupuesto pero no PIB, de manera que esa opción parece decaer por sí sola.

Ahora bien, el artículo también abre la puerta a que el ministerio de Hacienda podrá acordar el envío «de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada». Estos expertos, lo que coloquialmente se conoce como los 'hombres de negro' del ministerio, podrán «solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión deberá presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas propuestas serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora». En la práctica, el artículo dejaría en manos del ministerio la gestión financiera de la administración pública en cuestión.

La Autoridad Fiscal también se refiere en su informe al cumplimiento del objetivo de déficit de la Comunitat para 2017. Lo considera improbable, aunque detecta que la autonomía valenciana «se aproxima a una situación de factibilidad».

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