Turismo Valencia señala al juez que Salinas ordenó pagar a la agencia del PP

José Salinas, el exdirigente de Turismo Valencia que hoy se dedica a la empresa privada. / irene marsilla
José Salinas, el exdirigente de Turismo Valencia que hoy se dedica a la empresa privada. / irene marsilla

El organismo compró dos trituradoras de papel un mes antes de las elecciones de 2015 cuando supuestamente se produjo el blanqueo

A. RALLO VALENCIA.

Un informe de Turismo Valencia entregado al juez que investiga la financiación irregular del PP apuntala las sospechas acerca de las irregularidades en este organismo para beneficiar a Laterne, la empresa que organizó la campaña electoral del PP de Valencia en 2007. La Guardia Civil calcula que la entidad inyectó 600.000 euros en la agencia a través de facturación irreal.

El dossier elaborado por la actual dirección del organismo concluye que no existe documentación física en la entidad que justifique los pagos a Laterne ni explique los supuestos contratos con la mercantil bajo investigación. El nombre de la empresa sólo aparece en el área de contabilidad, con apuntes de los abonos. Todos los entrevistados para la elaboración del informe -cinco altos cargos de Turismo- no recordaban ninguna relación con esa firma. Eso sí, el informe subraya que las órdenes de abono provenían de José Salinas, exdirector gerente de la entidad, o de la subdirectora de Administración. «Se efectuaban los pagos cuando llegaban las facturas», se insiste. Tampoco en los archivos digitales aparece ningún rastro de la empresa Laterne, según han comprobado los responsables del organismo.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil alertó en su día al juzgado de que la documentación no constaba en las dependencias. Ahora, el informe de Turismo Valencia explica los dos métodos que se utilizaron para destruir material. Pero no precisa el dossier si fue una medida ex profeso para eliminar el material de Laterne o si junto a los papeles de la citada mercantil se deshicieron también del de otras relaciones comerciales, procedimientos que resultan habituales en numerosas empresas. En ningún caso, se determina la naturaleza de la documentación liquidada.

Las facturas se destruyeron porque ya habían transcurrido seis años, tal y como marca la ley

El autor del informe subraya la compra de dos máquinas trituradoras que se adquirieron en abril de 2015, justo un mes antes de las elecciones en la que supuestamente el PP de Valencia blanqueó 50.000 euros para el pago de actos electorales. En aquel momento, Alfonso Grau, principal sospechoso del entramado de la financiación ilegal, había dejado el Ayuntamiento por el juicio del caso Nóos.

La exsubdirectora de Administración no sabe con certeza qué se eliminó en las máquinas. «Tal vez fuera material promocional obsoleto». Además, por aquel entonces también se contrató a la empresa Destrupack, mercantil especializada en eliminar documentación. La misma alto cargo fue la que dio el visto bueno a la operativa. «Se destruyó información promocional, como guías turísticas».

Otra de las responsables de la contabilidad de Turismo Valencia insistió en que es habitual esta destrucción «de forma regular» porque «no hay espacio suficiente para almacenaje» siempre y cuando se hayan superado los seis años que establece la Ley para la destrucción de los expedientes. La trabajadora aporta un informe jurídico que avala la actuación. Indica que en julio de 2015 se eliminaron papeles de todo tipo «obsoletos desde el punto de vista mercantil y fiscal». Hay que tener en cuenta que esta pieza investiga hechos supuestamente cometidos entre 2007 y 2008. Los oficiales administrativos recuerdan que tras la compra de las máquinas «se llevó a cabo una actividad intensa de triturado». Siguen sin poder concretar el contenido. Por otro lado, también resultaría lógico ese uso. De ahí la necesidad de comprar los aparatos.

Todavía hay algo de esperanza en los investigadores. Parte de la documentación se trasladó a unos almacenes en Ribaroja del Túria. Aunque se destruyó en su inmensa mayoría en octubre de 2016, todavía queda en las instalaciones un palé con 11 carpetas de documentación que todavía no ha sido eliminada.

La situación de José Salinas, que actualmente cuenta con una consultoría, se ha complicado con su aparición en este informe. No se descarta que finalmente tenga que comparecer en el juzgado para explicar su actuación al frente del departamento. LAS PROVINCIAS trató ayer sin éxito de contactar con el exdirectivo.

El informe de Turismo Valencia también incorpora el contrato firmado en su día con Valencia Estrategia Promoción e Imagen, tal y como en su día encargó el juez. La sociedad está participada por Turismo. Se le dio 1,5 millones de euros para que la mercantil desarrollara acciones de promoción de la ciudad por la Copa América. Esta acción comercial también está siendo investigada por Anticorrupción.

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