Torrent aplaza indefinidamente el pleno para la investidura de Jordi Sànchez

El presidente del Parlament denuncia una «vulneración de derechos» por parte del Supremo y propondrá que la Cámara se querelle contra Llarena por prevaricación

AGENCIASBarcelona

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha aplazado el pleno de investidura de Jordi Sànchez a la presidencia de la Generalitat previsto para mañana, y ha denunciado una «vulneración de derechos» por parte del Tribunal Supremo, que ha negado la excarcelación del candidato.

En un comunicado, Torrent ha anunciado el aplazamiento del pleno y ha convocado una Mesa extraordinaria para mañana para dar respuesta a la que cree es una «vulneración de derechos del Tribunal Supremo».

Además, el presidente del Parlament propondrá este viernes que la Cámara catalana se querelle contra el juez Pablo Llarena por prevaricación. Fuentes de la Presidencia de la Cámara consultadas por Europa Press han explicado que Torrent formulará esta propuesta en la reunión extraordinaria de la Mesa del Parlament prevista para las 10.30 horas.

Por su parte, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha explicado que en la reunión que mantuvo el martes en Berlín con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, éste les trasladó que «tarde o temprano» tendría que hacerse valer su candidatura a la investidura.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas después de que el juez Llarena haya rechazado la excarcelación de Sànchez y tras recordar que Puigdemont es el candidato de la CUP por ser el que más respaldos obtuvo en las elecciones del 21 de diciembre entre los líderes independentistas.

«Él entendía que ahora se tenía que pasar por la fase de Jordi Sànchez, pero finalmente tendríamos que hacer valer la soberanía del Parlament y hacer valer su investidura como presidente», ha explicado la diputada 'cupaire'.

Durante la mañana, Torrent había defendido que el expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, sea candidato a la Presidencia de la Generalitat, y ha considerado «inconcebible que el magistrado [Pablo Llarena] no hiciera caso a la legalidad internacional y a las medidas cautelares que plantea el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas«.

Así se ha referido en una entrevista de Cadena Ser recogida por Europa Press a la petición hecha por Sànchez al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para que lo deje acudir al pleno de investidura previsto para este viernes, puesto que el diputado se encuentra en prisión preventiva mientras se lo investiga por presunta sedición.

Torrent ha insistido en que la ONU ha pedido respetar «el derecho a sufragio activo, de poder votar, y pasivo, es decir, de poder ser votado y desempeñar las atribuciones que se deriven del cargo por el que se es elegido».

Por ello, espera «que mañana Jordi Sànchez, como todos los diputados de la Cámara, pueda ir al Parlament» para someterse al debate de investidura.

No ha aclarado si suspenderá el pleno en caso de que el Supremo deniegue a Sànchez la posibilidad de ir al pleno, pero ha rechazado proponer a otro candidato porque el actual «lo propuso la mayoría de los diputados».

«El presidente de la Generalitat no lo va a decidir un juez, un tribunal ni un despacho de un ministro a 600 kilómetros de distancia del Parlament. Lo van a decidir los ciudadanos de Catalunya a través de sus representantes», ha sentenciado.

Apoyos suficientes

Ha criticado que pedir a un candidato que no tenga causas judiciales abiertas «es el argumento que plantea recurrentemente el Gobierno del Estado», y ha defendido que el presidente de la Generalitat tendría que ser quien cuente con los apoyos suficientes para ser investido.

Al preguntársele si tiene contacto con La Moncloa --pidió por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una reunión tras ser nombrado--, ha dicho que no, aunque está «siempre abierto» a ello.

En este sentido, ha subrayado que el proceso soberanista es político y tiene que tener soluciones políticas: «Es la hora de la política, de hablar y de hablar mucho».

«La situación actual se tiene que resolver con política y no con el Código Penal, que puede aplicarse a una, dos o tres personas elegidas, pero no a dos millones de catalanes», ha añadido.

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